Paloma Valencia

EL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO EN COLOMBIA

Resumen

Debido a que en Colombia más del 70% de la población en situación de desplazamiento forzado procede de áreas rurales, la mayoría de estas personas experimentan un flujo del campo hacia barrios populares de ciudades intermedias y grandes. Por esta razón, se deben implementar y fortalecer los programas de acción ya existentes enfocados al acompañamiento, atención, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados durante su proceso de adaptación a lo urbano. La ruptura violenta de su entorno, genera un proceso caótico y traumático tanto económica como culturalmente; estas circunstancias unidas al proceso de inserción urbana ocasionado por el destierro de esta población, hacen que se quiebren sus formas tradicionales de organización familiar, desarraiga a las personas de sus labores desmantelando así los sistemas productivos y rompe los lazos sociales establecidos hace mucho tiempo. Estos cambios intempestivos en sus relaciones sociales y culturales hacen que su proceso de adaptación a lo urbano sea conflictivo y cada vez más determinado por la marginalidad y la exclusión como elementos distintivos.

Para el caso colombiano las cifras de desplazamiento para mujeres y niños son alarmantes. Esta es una realidad que amerita analizar el fenómeno del desplazamiento en nuestro país desde una perspectiva de género. En Colombia, niñas, jóvenes y mujeres de todas las regiones y razas sufren a diario la necesidad de abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia, especialmente para indígenas y afrocolombianas el desplazamiento interno forzado no solo implica una ruptura abrupta con su entorno familiar y cultural, sino que también supone un doloroso padecimiento de discriminación étnica. Por esta razón, es preciso que tanto Estado como la Sociedad Civil se percaten de que detrás del desplazamiento de una mujer se esconden una serie de amenazas que atentan contra la estabilidad de toda la sociedad: violencia sexual, violencia de género y reclutamiento.

Así, según La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, tres de cada cuatro personas en situación de desplazamiento interno en Colombia son mujeres o niños. De esta manera, Colombia no solo enfrenta la crisis de desplazamiento interno más grave del hemisferio occidental –de sus 1098 municipios, entre 887 y 995 están afectados por el desplazamiento – sino que es el tercer país con más alto número de desplazados internos en el mundo según el US Committee for Refugees, después de Sudan, que con 4 millones de desplazados internos ocupa el primer lugar y de Angola, con 2 millones de desplazados internos.

Son imprescindibles, pues, una serie de políticas públicas diseñadas de tal forma que sean capaces de facilitar y acompañar a la población en situación de desplazamiento durante su proceso de adaptación socioeconómica a lo urbano, lo cual implica “la adopción de los imaginarios citadinos presentes en su nuevo entorno, marcados por la globalización económica, informática, delincuencial, etc., en que se encuentra inmersa la ciudad” . Se trata de un proceso complejo tanto en lo social como en lo cultural y lo psicológico, donde las personas de procedencia rural no solamente deben adquirir el estilo de vida, las formas de organización y los símbolos de la ciudad sino que también deben empezar a compartir los significados y valores que se consideran apropiados en dentro de la lógica urbana.

En este sentido, es preciso que el Gobierno Nacional trabaje en conjunto con los gobiernos municipales y locales para impulsar la implementación de programas dirigidos a facilitar el proceso de integración social de las poblaciones desplazadas con la comunidad receptora y con las organizaciones que allí adelantan actividades de orden social, psicosocial y humanitaria. Así, es necesario unir los esfuerzos para estimular la formación de grupos comunitarios que busquen tanto el beneficio de la población desplazada como de la sociedad receptora.

Por otra parte, debido a que el fenómeno del desplazamiento forzado ha propiciado un acelerado proceso de urbanización en la mayoría de las ciudades receptoras del país, las entidades gubernamentales locales y nacionales deben adelantar una política estructurada sobre asentamientos humanos y desarrollo de los servicios públicos para así establecer un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la urbanización de las ciudades receptoras. Esto podría evitar un riesgo adicional al que comúnmente se ve enfrentada la población desplazada, pues al verse obligada a migrar hacia los espacios suburbanos y periféricos de las ciudades intermedias y grandes donde no se cumplen los requisitos mínimos de calidad, vivienda y de oferta de servicios, es víctima de incendios, epidemias o inundaciones ocasionadas por las sobrecargas de energía eléctrica, por carencia de agua potable y la falta de alcantarillado.

Ahora bien, debido a que las mujeres y la población infantil son los más afectados por la crisis socioeconómica que atraviesan las personas en situación de desplazamiento forzado, es necesario crear políticas públicas específicas orientadas a asistir y proteger a estos grupos vulnerables. Dentro de la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia, las mujeres (adultas y niñas) se ven en la necesidad de restablecer la dinámica familiar como ejes de la recuperación emocional y económica de sus familias. Esto se debe a que, en un numero significativo de casos, el hombre de la casa -es decir, el marido, compañero o el padre – ha sido asesinado o reclutado por los grupos insurgentes que operan en su lugar de procedencia. En consecuencia, son ellas quienes ahora, en su condición de viudas y madres cabeza de familia, están llamadas a ser el núcleo a partir del cual se empezará a construir una nueva dinámica familiar y social.

De esta manera, el desplazamiento forzado ocasiona impactos específicos sobre la población femenina que deben ser contrarrestados con la implementación de programas de acción para atender a esta población en particular. Ante la urgencia que demanda esta situación, es necesario desarrollar políticas publicas de atención psicosocial para las mujeres en situación de desplazamiento forzado. Así mismo, debido a que en varias ocasiones la responsabilidad de sostenimiento económico y psicológico de la familia recae exclusivamente sobre las mujeres, valdría la pena diseñar una política pública enfocada en la promoción de oportunidades para las mujeres desplazadas. Esta política podría incluir procesos de capacitación y acompañamiento durante su proceso de estabilización socioeconómica, además de cobertura en salud.

En lo que se refiere ala población infantil, es preciso que el Estado colombiano tenga en cuenta las secuelas de carácter psicosocial que la experiencia del desplazamiento deja en ellos. Así, además de problemas de salud ocasionados por la desnutrición y enfermedades de todo tipo, las niñas y los niños desplazados están expuestos constantemente a la violencia urbana que se presenta en los barrios populares a los cuales llegan. Las pandillas juveniles, las milicias urbanas y los grupos de “limpieza” son algunos de los riesgos a los que se ve enfrentado este grupo poblacional. Y este riesgo se hace más preocupante si se tiene en cuenta la escasez de oportunidades educativas que enfrenta la población en situación de desplazamiento.

Según las estadísticas, menos de la mitad de la población infantil en situación de desplazamiento tiene acceso al sistema educativo formal. En muchos casos, estos niños y niñas contribuyen a través de oficios varios a la economía del hogar. Para evitar que esta situación se siga reproduciendo, se deben implementar políticas públicas orientadas a establecer y garantizar espacios educativos, culturales y recreativos para la población infantil y juvenil en situación de desplazamiento. Esto implica la creación de cupos escolares suficientes, así como la promoción del acceso gratuito a la escuela para los niños menores. Finalmente, para evitar los riesgos a los que frecuentemente están expuestos los jóvenes, las niñas y los niños desplazados, tales como la explotación, el abuso sexual, la delincuencia común y la violencia domestica, es necesario que se fortalezcan los programas de prevención, atención y protección ya existentes a favor de esta población.

INDICE

Contexto histórico del desplazamiento forzado en Colombia
Los problemas que se esconden detrás del desplazamiento forzado
Causas del desplazamiento en Colombia
Migraciones Involuntarias en Colombia: El desplazamiento forzado como resultado de la lucha de los actores armados del conflicto por el control estratégico de las regiones del país
Cifras del desplazamiento forzado en Colombia
El desplazamiento forzado en Bogotá
Conclusiones
Propuestas para el diseño de políticas publicas orientadas hacia la atención de las personas en situación de desplazamiento forzado
Bibliografía

1. Contexto histórico del desplazamiento forzado en Colombia

“En nuestros días, huir es revolverse sobre sí mismo, es no tener lugar de destino ni esperanza de retorno. Huir es casi morir con el espacio, con los referentes culturales, con los sueños y en el intento de sobrevivir. Huir es no llegar a ningún destino. El problema de Colombia hoy es que no tiene un lugar para los desplazados de la guerra. Quienes deciden quedarse optan por una agonía más prolongada” .

En Colombia, el desplazamiento forzado aparece como una crítica manifestación de la crisis de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que ha desatado la guerra como resultado de las constantes disputas entre los distintos actores armados por el dominio territorial y por la recomposición económica, social y demográfica en las zonas rurales y urbanas.

No obstante, el desplazamiento interno no es sólo un problema que tiene serias implicaciones en Colombia, pues según lo establecido en el informe 59° del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos de Naciones Unidas , este fenómeno sigue siendo el causante de una preocupante crisis mundial que afecta a 25 millones de personas. Y lo que es peor, la gran mayoría de estos desplazados internos son mujeres y niños que son particularmente vulnerables a la violación de sus derechos básicos.

Durante el proceso histórico de construcción de nación de Colombia se han registrado varios desplazamientos internos forzados como resultado de la “violencia política”. Entre los más visibles se pueden contar aquellos ocurridos durante “La guerra de los Mil Días”, en el periódo comprendido entre 1899 a 1902, los que produjeron los crueles combates entre los chulavitas y cachiporros que, además de provocar la expulsión de miles de familias campesinas hacia las capitales del país, causaron la muerte de miles de personas, durante la época de “La Violencia”, correspondiente al periodo de 1948 a 1965. Finalmente, el último fenómeno de desplazamiento interno forzado aparece como causa del denominado “conflicto armado interno” que abarca la violencia ocurrida desde finales de la década de los setenta hasta la actualidad. Este conflicto se ha caracterizado no solo por la prolongada permanencia de la violencia política y por el elevado número de muertes a causa de la violencia común, sino también por el éxodo masivo de familias campesinas hacia las ciudades, que, a diferencia de otras épocas enfrentan la crisis económica más fuerte que el país haya experimentado en los últimos 70 años.

En el caso colombiano, el desplazamiento forzado ha sido consecuencia del escalamiento del conflicto armado interno. Según J. Gómez, existen dos posibles causas que pueden explicar el fenómeno del desplazamiento forzado en el marco de una confrontación armada : En primera instancia se tiene el desplazamiento deliberado, es decir, aquel que es propiciado intencionalmente por cualquiera de los actores rivales de un conflicto armado. La causas de este tipo de desplazamiento pueden ser intimidaciones físicas o amenazas verbales que pretenden impulsar la huida temporal o definitiva de la zona estratégica en pugna de determinados individuos o colectividades que se consideran “enemigas” u obstaculizadoras para el desarrollo del proyecto de dominación desplegado por el grupo armado imperante. Por otra parte, una segunda forma de desplazamiento es aquella que caracteriza la lógica de las guerras civiles, donde se cuenta con una estrategia específica que utiliza la fuerza como instrumento intimidatorio y comunicativo para obtener el control del enemigo, por parte de cualquiera de los actores en disputa. En este sentido, lo que se persigue con este tipo de estrategias es el apoyo y la lealtad de la población civil que es blanco de los ataques durante el desarrollo de la confrontación. Así, “a diferencia de otras situaciones en las que la violencia se produce de manera unilateral, la población objetivo, o bien es participe de las oportunidades o es obligada a transferir su lealtad y sus recursos al actor político rival” .

Ahora bien, esto es lo que sucede en Colombia actualmente. En el contexto del conflicto interno actual, la lucha de los actores armados ilegales por el control de las regiones estratégicas del país no solo ha intensificado la guerra y la violencia, sino que, además, los grupos insurgentes han convertido a la población civil en su objetivo principal sabiendo que sus posibilidades de triunfo están estrictamente determinadas por el éxito que tengan en el sometimiento de la población. De este modo, el conflicto armado interno que se viene librando durante los últimos cuarenta años exige una visión triangular del mismo, por cuanto no solo involucra a los grupos insurgentes que luchan entre si abiertamente, sino también a la población civil, cuyo apoyo orienta y define el rumbo de la confrontación. Por esta razón, los civiles son considerados como los ejes de gravitación del conflicto armado colombiano, pues son ellos las principales fuentes de soporte moral, económico, político y logístico para los actores en confrontación. No obstante, es imposible olvidar que su protagonismo en la lucha armada actual se basa en el hecho de que son las principales víctimas de la violencia que allí se desata. De esta manera, al no solo ser víctima sino el eje gravitacional de la confrontación armada, se empieza a tejer una amplia gama de relaciones entre núcleos sociales y grupos armados que “van desde la indiferencia o el rechazo, hasta la colaboración activa en operaciones de inteligencia o en conformación de milicias, pasando por la adaptación pasiva o el acomodamiento estratégico al orden impuesto” .

Volviendo al periodo de “La Violencia” (1948 –1965), se estima que durante este tiempo 200.000 personas perdieron la vida de manera violenta en Colombia y cerca de dos millones fueron desplazadas de sus hogares a causa de la violencia política. Sin embargo, es preciso aclarar que este periodo se divide en varias etapas: la primera violencia de carácter puramente partidista entre liberales y conservadores, que inicia con el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitàn el 9 de abril de 1948 y concluye con el Frente Nacional, el pacto de paz liberal-conservador de alternación del poder, en 1957; la segunda violencia, si bien se relaciona con la anterior, se distingue por la preeminencia de las campanas militares por parte del Estado contra las regiones del movimiento agrario comunista que actuaban en alianza con las antiguas guerrillas liberales. Como consecuencia se producen nuevas oleadas de desplazamientos forzosos masivos de poblaciones campesinas que se refugiaron en las selvas colombianas y que constituyen, hasta el día de hoy, los santuarios sociales de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Es así como nace una nueva generación de actores armados: los famosos “bandoleros” que contribuyeron a recrudecer el fenómeno de la violencia.

Así pues “cada etapa de violencia tuvo su impacto en el desplazamiento interno: la primera etapa de violencia partidista se tradujo en procesos de homogenización política de regiones enteras por medio de campanas de extermino del bando contrario, mientras que en lo económico se produjo un proceso de concentración de la tierra que daría fruto con el tiempo a la formación y/o recomposición de la gran propiedad agraria, afectada por los procesos de reforma llevados a cabo en la década de los treinta. Efectivamente, a partir de los anos 30 se inicia el tercer proceso colonizador, tanto por migrantes en general, como por parte de los desplazados, proceso que se acelera en los anos 50” .

La combinación de los ciclos de violencia mencionados, ha generado una urbanización acelerada que se expresa en la expansión desordenada de los barrios limítrofes de las capitales del país. De esta manera, a raíz de la violencia que afecto el área rural con mayor intensidad durante las décadas de los 40 y 50, el desarrollo urbano de las principales ciudades del territorio colombiano ha estado determinado en gran medida por la migración campesina. Es así como, a partir de esta época, estos centros urbanos se han ido poblando en un proceso acelerado sin precedentes sin contar con una política urbana adecuada en lo referente tanto asentamientos humanos como a la prestación de servicios públicos por parte de las entidades gubernamentales. En estas condiciones las ciudades han ido creciendo desordenadamente y con escasa planificación, pues la gran mayoría de los barrios se han empezado ha desarrollar sin cumplir con los requisitos mínimos de calidad, de vivienda y de oferta de servicios.

El acelerado proceso de urbanización - producto del asentamiento de las oleadas migratorias de desplazados internos que han producido las diferentes etapas de la violencia en nuestro país -, al no permitir un equilibrio entre el desarrollo y la urbanización, ha conducido a la expansión de las poblaciones hacia los espacios suburbanos que vienen creciendo mas rápido que el resto del área urbana, agudizando así una serie de problemas tales como la pobreza, la violencia juvenil, el desempleo y subempleo y la contaminación ambiental, entre otros.

La alta concentración de las migraciones en las zonas periféricas de las ciudades hace que exista el riesgo de que la densidad de la población en las áreas receptoras se incremente a tal punto que se haga insostenible su capacidad “de carga” de la tierra, lo que conlleva no solo a que se hagan cada vez más escasos los recursos naturales disponibles tanto para los residentes como para los recién llegados, sino también a que se deteriore la infraestructura de los servicios públicos. Así, la ausencia de una política estatal efectiva en la asistencia a la población receptora ha conllevado a que se generen conflictos entre los migrantes y la población receptora, agravando así los problemas socioeconómicos propios de las zonas e intensificando el espiral de violencia al expandirlo por toda la geografía del país.

Ahora bien, en los procesos de transición demográfica y las migraciones del campo a la ciudad que implican los diversos desplazamientos internos que ocurren a diario en nuestro país, las personas de procedencia rural deben adaptarse a cambios sociales guiados por una lógica urbana en donde deben adquirir las características, el modo de vida, los símbolos, las formas de organización de la ciudad, al igual que deben compartir los significados, las escalas de valores y perspectivas que se consideran adecuadas en la urbe. Se trata, pues, de un proceso social, cultural y psicológico. El desplazamiento forzado genera una ruptura abrupta con el entorno cultural y familiar, pues en la mayoría de los casos los desplazados experimentan una reubicación del campo al sector urbano. De las veredas hacia barrios populares de ciudades intermedias y grandes.

En este sentido, el crecimiento atípico de la población de los municipios receptores, los cambios drásticos en la configuración social y demográfica de la cuarta parte de los municipios del país, así como una alarmante desintegración de los grupos étnicos, son solo algunos de los problemas que ha desencadenado el desplazamiento forzado en Colombia en los últimos 15 años.

Finalmente, por su naturaleza, los desplazamientos internos son siempre asumidos como un proceso caótico e intensamente doloroso tanto económica como culturalmente; desequilibra los sistemas productivos, rompe el tejido social y desestabiliza las comunidades humanas. Así, “al desorganizar los sistemas productivos, crea un alto riesgo de empobrecimiento crónico y empuja a grupos de personas a una condición mas degradada, que puede ser transitoria o permanente, del mismo modo que esta asociada a incrementos en la angustia psicológica y sociocultural y a incrementos en las tasas de morbilidad y mortalidad” .

2- Los problemas que se esconden detrás del desplazamiento forzado

Aunque las personas que sufren el desplazamiento forzado parecieran no tener rostro, pues frecuentemente se confunden con los múltiples flujos de emigrantes que luchan por subsistir en medio del caos de la guerra, los desplazados tienen un rostro bien definido. Es un rostro conformado por caras diversas de niños, jóvenes, ancianos y adultos: mujeres y hombres de diferentes edades y regiones de Colombia. Todos ellos víctimas directas de las consecuencias del conflicto armado interno, de la miseria, de la barbarie y de la indiferencia del resto de la sociedad civil, pero sobre todo, de la ineficacia de las políticas publicas para tratar su situación.

Gestionar políticas públicas que busquen una solución a la urgencia que demanda el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia amerita una visión integral, pues en el desplazamiento se concentran otros problemas que deben ser abordados con una política multisectorial. Entre estos problemas se destacan los siguientes:

Pobreza
Discriminación étnica
Ubicación social de la mujer en desventaja
Diferencias socio-económicas entre el sector urbano y rural
Escasa protección estatal a la población infantil
Violencia Política

Así pues, es preciso que el Estado ponga un mayor empeño en el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas a través del compromiso con diversos tratados internacionales de Derechos Humanos. Estas obligaciones instan al Estado a respetar, proteger y promover los Derechos Humanos de la población en situación de desplazamiento ubicada en las zonas periféricas de las ciudades intermedias y grandes del país.

De igual forma, es preciso que se implementen y se fortalezcan los programas de acción que ya existen para abordar a las poblaciones más vulnerables, especialmente en lo que se refiere a la equidad de oportunidades para las mujeres, la creación de políticas educativas, culturales y recreativas para los jóvenes, la instauración de programas de salud nutricional para los niños y las niñas de tal forma que puedan acceder a ellos de forma gratuita y la promoción de campanas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el acceso a cedulación y registro civil de toda la población en situación de desplazamiento de todo el país.

Solo si se logra avanzar en estos puntos, el Estado podrá encaminarse en la anhelada reparación de los danos causados a las victimas por la violación de sus derechos humanos. Por esto, es preciso que el Estado tenga en cuenta los problemas más comunes que enfrentan las personas en situación de desplazamiento. A continuación se reseñarán los siete más relevantes :

Dificultad para encontrar trabajo: Los desplazados no solo deben abandonar sus hogares y romper con todos los nexos familiares y culturales que estos les brindaban, además deben enfrentarse ingeniárselas para sobrevivir en el nuevo mundo urbano en donde, por lo general, deben enfrentarse a un mercado laboral bastante competitivo que no les permite poner en practica sus conocimientos y habilidades y por ende acceder a oficios más cualificados y mejor remunerados. Asimismo, las altas tasas de desempleo - característica típica de las ciudades receptoras- se les presentan como un grave obstáculo que se vuelve casi insuperable si se tienen en cuenta las condiciones macro-económicas desfavorables que también hacen parte de la cotidianidad de la vida en las grandes ciudades del país.
Dificultad en el acceso a vivienda: Según las investigaciones recientes, la gran mayoría de las personas que son victimas del desplazamiento forzado en Colombia, llegan a las ciudades receptoras a alojarse en casas de parientes, amigos o conocidos. De esta manera, son muy pocos los desplazados que reportan no haber llegado a sectores suburbanos y de estratos bajos, con altos niveles de delincuencia común, contaminación, escasa prestación de servicios públicos, etc.
Problemas de alimentación: Debido a que los deslazados se caracterizan por ser personas que sufren una reubicación forzada del sector rural al sector urbano, es obvio que sus hábitos alimenticios sufren un cambio drástico con esta transición. El acceso a verduras y frutas que tenían a diario en el campo ya no es el mismo, pues la inversión económica que se debe hacer en la ciudad para obtener dichos alimentos es muy alto, lo que conlleva a una deficiente dieta diaria.
Problemas de salud: Los cambios en la alimentación, así como los cambios de clima a los cuales se ven expuestos las personas que se ven en la necesidad de desplazarse tienen un efecto nocivo para su salud. Además, si se le suma a esto la precariedad económica con la que llegan estas personas a las ciudades receptoras para afrontar sus gastos, aun los mas mínimos, es comprensible que no cuenten con el dinero suficiente para pagar ni las consultas medicas ni las medicinas en caso de ser necesarias, lo que conlleva a que la salud se deteriore.
La indocumentación: Frecuentemente, los desplazados son personas que tienen que huir de sus tierras. En un número significativo de casos, las personas no tienen ni siquiera tiempo de empacar con cuidado sus cosas: solo tienen tiempo para irse. También por razones de robo, registros quemados y falta de información, muchos desplazados carecen de documentos legales que respalden su identidad. Esto se ha convertido en un grave problema tanto para los afectados como para el Estado, pues la actual situación de indocumentación masiva en el país se ha convertido en un inconveniente para acceder a empleos, obtener subsidios del Estado y seguridad social, entre otros.
El choque cultural: Al experimentar un flujo del sector rural al sector urbano, reubicándose así en los barrios populares de las ciudades intermedias y grandes del país, los desplazados por la violencia en Colombia sufren una serie de cambios sociales drásticos que están determinados por una lógica urbana. Entre estos cambios se encuentran nuevas formas de organización, nuevos patrones de consumo y símbolos, estilos de vida y significados de la ciudad que deben adquirir como parte de su proceso de adaptación a su nuevo lugar de residencia.
La estigmatización: Debido a que provienen de zonas “rojas”: territorios del país donde operan cotidianamente actores armados y el conflicto armado es más fuerte, los desplazados son estigmatizados tanto por la población de la ciudad receptora como por sus autoridades. Así mismo, como en la mayoría de los casos los desplazados llegan a barrios de estratos bajos, donde la delincuencia común es muy alta y los recursos naturales son escasos, muchas veces son rechazados por las poblaciones receptoras que ven en ellos a “invasores” que vienen a quitarles lo poquito que tienen.

Finalmente, es preciso aclarar que el listado anterior no solo hace referencia a los problemas más comunes que enfrentan las personas en situación de desplazamiento en Colombia, pues estos mismos problemas también se nutren de dicha problemática haciendo del desplazamiento forzado uno de los principales factores de agudización de la crisis que ha desembocado el conflicto armado.

3-Causas del desplazamiento en Colombia

“Los desplazamientos son consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo”. (ACNUR)

Generalmente, las razones de los desplazamientos forzados corresponden a causas políticas reflejadas en persecuciones de diferente orden ya sean de tipo religioso, ideológico, militar, etc. Ahora bien, en Colombia el desplazamiento forzado se presenta como la más evidente manifestación de irrespeto sistemático por parte de los diferentes actores armados, tanto de guerrillas como de paramilitares, al Derecho Internacional Humanitario.

Según el último Informe Defensorial, el desplazamiento masivo de poblaciones campesinas es el resultado de la combinación de múltiples estrategias que están siendo empleadas por los grupos insurgentes en el país para convertir a la población civil en el objetivo principal de su lucha por el control de las regiones estratégicas del territorio colombiano: la sociedad civil se ha convertido, así, en el blanco de las acciones de los grupos guerrilleros y de autodefensa. El homicidio selectivo o colectivo (masacres), los bloqueos económicos, las amenazas y los ataques a veredas enteras se presentan como las principales causas que reportan los desplazados para huir de sus hogares.

No obstante, el conflicto armado es la causa del 90% del total de los desplazamientos internos forzados, que se producen de manera individual y familiar en un 62% y de manera colectiva o en éxodo en un 35%. Asimismo, los paramilitares fueros señalados como presuntos responsables por el 43% de la población desplazada, la guerrilla por el 35%, las Fuerzas Militares por el 6% y desconocidos por el 15% de la población.

Así pues, según la Defensoría del Pueblo y la Red de Solidaridad Social el desplazamiento forzado puede tener como explicación las siguientes causas:

Amenazas generalizadas
Enfrentamientos armados
Desapariciones
Masacres
Amenazas específicas
Imperio del miedo
Toma de poblaciones
Ataques indiscriminados

Finalmente, vale la pena tener en cuenta que el negocio del narcotráfico también propicia el desplazamiento forzado, pues el control sobre el cultivo y la comercialización de la hoja de coca tienden ha generar conflictos violentos que resultan en el desplazamiento de alguna de las partes involucradas.

4- Migraciones Involuntarias en Colombia: el desplazamiento forzado como resultado de la lucha de los actores armados del conflicto por el control estratégico de las regiones del país

Durante los últimos meses del segundo semestre del 2005, Colombia se aprestó a realizar un nuevo censo de población. Para tal efecto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE incorporó algunos indicadores que dieron cuenta de la crónica y prolongada tragedia humanitaria que vive nuestro país a la sombra del conflicto armado interno: el desplazamiento forzado. Mientras tanto, ante la omnipresencia de la guerra el tejido social de la nación se construye (¿o se destruye?) en medio de una reubicación caótica de la población a lo largo y ancho de su geografía; un proceso social y demográfico fragmentado y caracterizado por un fuerte componente de violencia, en el que se destacan las formas y mecanismos de subordinación o dominación que alimentan la espiral del odio y la venganza que generación tras generación ha caracterizado la lógica centrípeta de la guerra en Colombia.

Así, la crisis estructural del campo, los modelos de desarrollo aperturistas, las crisis sociales originadas por desastres naturales y, por supuesto, la violencia, aparecen como las razones principales del inmenso flujo migratorio colombiano en el que se confunden tres grandes tipos de emigrantes, a razón de la causa que genera el desplazamiento :

Emigrantes por causas socio-económicas: Aquellas migraciones causadas por el deterioro de las condiciones económicas o de producción, especialmente agrícolas, en las regiones de origen de las poblaciones y, por consiguiente, por la ausencia de los medios necesarios para la subsistencia.

Emigrantes por desastres naturales: Migraciones originadas por deslizamientos, inundaciones, avalanchas, etc.

Emigrantes por razones políticas: Aquellas personas que se ven obligadas a migrar en razón de los procesos políticos que viven de sus países de origen, especialmente por conflictos violentos.

De esta manera, es importante aclarar que, en su mayoría, el flujo de emigrantes de nuestro país esta compuesto por desplazados por la violencia en cuyo rostro se dibujan las imágenes de: “trabajadores temporales, colonos, trabajadores de cultivos ilícitos y, cada vez más, pueblos indígenas y comunidades negras que han sido desarraigadas de su entorno socioeconómico y cultural en medio de traumáticos ciclos de expulsión y reasentamiento que ponen en peligro su propia existencia” .

A su vez, en lo que se refiere a los emigrantes por razones políticas podemos distinguir tres tipos:

Asilados: Es el amparo que un Estado le presta a una persona que, en su condición de perseguido político, solicita para quedar exento de un proceso judicial o un posible encarcelamiento.

Refugiados: Personas que, por sucesos que alteran gravemente el orden publico en una parte o en todo el país de su origen, traspasan las fronteras nacionales en busca de la seguridad y protección que su país no les brinda.

Desplazados: Según la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas, es objeto de desplazamiento forzado “toda persona que se ha visto forzada a migrar del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal ha sido vulnerada o se encuentra directamente amenazada con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden publico” .

A la luz de esta definición, es posible diferenciar el desplazamiento forzado de otras dinámicas migratorias que han sido importantes en la historia de Colombia. A diferencia de tales dinámicas de flujo poblacional, el desplazamiento forzado, como lo expone claramente la definición citada –la cual, además, ha sido acogida por la legislación colombiana a través del articulo 1 de la Ley 387 de 1997-, encuentra su particularidad en dos elementos conceptuales claves: En primer lugar, el término de desplazado supone un flujo demográfico de naturaleza interna; es decir, a diferencia de la acepción de refugiado o asilado, el término de desplazado no supone el traspaso de las fronteras nacionales por partes de individuos o colectividades, sino una reubicación geográfica dentro del mismo territorio nacional. Y en segundo termino, el concepto de desplazamiento forzado alude necesariamente a la situación en la cual la persona que toma la decisión de abandonar su hogar lo hace en reacción a una amenaza violenta –y no por factores ambientales o económicos- que ha vulnerado o ponen en riesgo su vida, sus libertades o su integridad física. Por esta razón, al tipo de desplazamiento que ocurre con mayor frecuencia en Colombia se le atribuye el adjetivo de forzado, pues dentro de este fenómeno la simple voluntad de migración no constituye una causa explicativa suficiente.

Así mismo, dentro de los desplazamientos internos se pueden destacar tres escenarios de desplazamiento:

Desplazamiento intrarregional: Situación en la que ocurre una movilidad hacia territorios cercanos o anexos, donde la concentración dela población es mayor. Aquí el objetivo es convertirse en un miembro mas de una comunidad fuerte y así hacerse menos vulnerable a los ataques o amenazas.

Desplazamiento extraregional: Implica una movilidad hacia las ciudades capitales de los departamentos, lo cual conlleva a un mayor desarraigo y choques culturales más severos.

Confinamiento en zonas rurales: Situación inusual en la que la población se aglomera en pequeños campamentos para preservar sus vidas. Ante la violencia subversiva y el miedo, los pobladores procuran protegerse entre sí, incluso ante la imposibilidad de salir de la región.

Por otra parte, según lo acordado en el decreto 256 del 12 de diciembre del 2000, se considera desplazamiento masivo cuando diez familias, o, mas de cincuenta personas se desplazan en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar: situación en la que los comités municipales, departamentales y/o distritales son convocados para ejecutar planes de atención a la población desplazada.

Finalmente, en la actualidad, el fenómeno del desplazamiento masivo ha ido adquiriendo connotaciones cada vez más dramáticas, tanto por la cantidad de sus víctimas como por la barbarie de la violencia que lo caracteriza. Además, la conjugación de migrantes económicos, de damnificados y de desplazados por la violencia política ha contribuido a que estos últimos queden invisibilizados ante el Estado y la sociedad civil.

5-Cifras del desplazamiento forzado en Colombia

A pesar de que existen entidades especializadas en la recolección de información y el desarrollo de estadísticas sobre el desplazamiento forzado en Colombia, cada vez es más evidente la confusión en el manejo de las cifras sobre el número de desplazados que tiene el país. Por esta razón, el Informe Nacional de Desarrollo Humano del 2003 (INDH), auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia Sueca de Cooperación, se enfocó en el capítulo octavo tanto en el estudio como en el análisis de este fenómeno partiendo de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuántos son los desplazados por el conflicto armado en el país?. De esta manera, en el Informe se argumenta que más allá de las cifras, las alarmantes cifras del desplazamiento forzado en Colombia deben inspirar serias discusiones sobre las obligaciones que tiene el Estado para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las víctimas de este delito y el desarrollo de políticas públicas y planes de acción integrales para proteger a la población más vulnerable, es decir los niños y las mujeres.

Según el informe del Comité de Estados Unidos para los Refugiados (USCR) divulgado en mayo del 2003, en el mundo hay cerca de 21.8 millones de desplazados internos, de los cuales 12% son colombianos. Así mismo, a esta cifra se le suman aproximadamente otros 100.000 colombianos que traspasaron las fronteras nacionales en busca de la protección y seguridad que el país no les brindo como refugiados o asilados políticos.

Ante la contundencia de estas cifras, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha asegurado que Colombia enfrenta la crisis de desplazamiento interno más grave del hemisferio occidental, y la tercera de todo el mundo, después del Congo y Sudan.

Así pues, según un informe divulgado por la oficina de las Naciones Unidas en Bogotá en junio del 2004, 36.910 colombianos han sido recibidos en condición de refugiados en 24 países de todo el mundo. De estas 36.910 personas, un total aproximado de 13 mil –según información emitida por la Consultoría de Derechos Humanos y el Desplazamiento- solicitaron oficialmente refugio en Ecuador (10.086) y Venezuela (2.386), de los cuales solamente 1.151 permisos fueron reconocidos. Vale la pena resaltar que para el caso de Ecuador, esta cifra fue 36 veces mayor a aquella registrada para el año anterior, es decir es una cifra que va en aumento con el devenir del tiempo. En este sentido, en los últimos tres años y como consecuencia del conflicto armado interno, cerca de 21 mil colombianos se han reportado como solicitantes del estatus de refugiados en Ecuador.

Por otra parte, en el último año, diversas investigaciones han demostrado que aproximadamente el 89% del territorio nacional se encuentra afectado por el desplazamiento forzado. La lucha de los actores armados ilegales por el control de las regiones estratégicas del país no solo ha propiciado el desplazamiento de la población civil que habita en estos territorios sino que además ha incrementado el crecimiento atípico de la población en los municipios receptores. Así, fuentes oficiales del gobierno calculan que el número total de personas desplazadas entre 1985 y el 2003 es de más de 3 millones 100 mil personas.

Según ACNUR, mientras entre el 2002 y el 2003 se registraron más de un millón de personas en situación de desplazamiento, durante el primer semestre del 2005 se registraron – en promedio - 848 casos diarios de desplazamiento forzado. Lo cual conlleva a un total aproximado de 153.463 víctimas de este delito durante el primer semestre del 2005. Igualmente, CODHES registró a 91.467 personas de aproximadamente 18.293 hogares que habían sido afectadas por el desplazamiento forzado.

El mayor impacto de este delito recae sobre las personas pertenecientes a minorías étnicas. Según las estadísticas, mientras cuatro de cada diez desplazados en Colombia, es decir el 33%, pertenecen a grupos étnicos afrocolombianos, 5% del total nacional corresponde a comunidades indígenas.

En lo que se refiere a la libertad de circulación y de residencia, el último Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destaca una leve mejoría a nivel nacional para el fenómeno del desplazamiento forzado, en comparación con el año anterior. Sin embargo, el informe hace énfasis en las cifras preocupantes que siguen registrando los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca y Cesar.

Lo anterior se relaciona con la reducción en el nivel nacional de desplazados que se registró en el 2003, donde la principal reducción se presento en el Choco, Cesar, Magdalena, Córdoba y Sucre. También vale la pena aclarar que durante el 2003 el desplazamiento interno se disparó en aquellas zonas donde se concentraron las fumigaciones con glisfosfato para erradicar los cultivos ilícitos en el marco del Plan Colombia. En departamentos como Guainía, Caquetá, Valle del Cauca, Guaviare, Putumayo, Vaupes y Amazonas, entonces, el desplazamiento incremento. Así, un total de 27.044 personas provenientes de zonas en las cuales se realizaron fumigaciones de cultivos ilícitos fueron reportadas como desplazadas durante el 2003.

El desplazamiento forzado como resultado de las fumigaciones en las zonas donde se concentran los cultivos ilícitos es un serio problema en la actualidad. Durante el último mes del 2005, algunas organizaciones civiles afirmaron que la militarización de los departamentos del sur del país y las fumigaciones de cultivos ilícitos con glisfosfato se han convertido en la causa principal de desplazamiento forzado en los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa en el departamento del Meta y Calamar en el Guaviare.

Adicionalmente, diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado la existencia de denuncias por daños a cultivos y a la salud de los campesinos que rodean las zonas fumigadas. En especial, por la presencia de cultivos mixtos y la cercanía de los cultivos ilícitos con los cultivos de pancoger hacen que muchas familias vean afectadas su precaria subsistencia bajo las fumigaciones. Del mismo modo algunos campesinos denuncian problemas cutáneos ocasionados por la mezcla del herbicida.

Ahora bien, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, indicó que el Gobierno Nacional destinó durante el 2005 la suma de 428 mil millones para atender a la población desplazada y que para este año la cifra se duplicará a 823 mil millones. Así mismo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó 5.1 billones de pesos para ser destinados a la población desplazada para el periódo entre el 2005 y el 2010.

Finalmente, a pesar del beneficio que pueden generar estas cifras en la asistencia de la población en situación de desplazamiento, es preciso que el gobierno empiece a afrontar este fenómeno con más políticas de construcción y nuevos planes de renovación tal y como hemos afirmado en nuestra propuesta.

6-El desplazamiento forzado en Bogotá

Al igual que sucede con la mayoría de ciudades y municipios nacionales, todavía no hay claridad frente al número de desplazados que habitan Bogotá en la actualidad. Así, mientras la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, y la Arquidiócesis de Bogotá calculan que entre 1999 y junio del 2004 llegaron a Bogotá alrededor de 1 millón de personas, la Red de Solidaridad Social y el Registro Único de Población Desplazada aseguran que la cifra para dicho periódo es de 87.154.

A pesar de la incongruencia entre las cifras mencionadas anteriormente, lo que si se conoce con certeza es que Bogotá es una de las seis ciudades del país a donde más desplazados llegan, pues el 35% de los desplazados internos de Colombia están en Bogotá. La mayoría de estas personas provienen del Meta, Tolima, Cundinamarca y Caquetá. Así mismo, las localidades de la capital a donde llega el mayor número de personas en situación de desplazamiento son Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Suba, San Cristóbal, Engativá y Kennedy.

En lo que se refiere a la situación de vivienda de los desplazados de la capital del país, el 43% de las familias reporta vivir en una pieza de alquiler, el 40% en apartamentos o casas arrendadas y el 17% restante viven en casas de parientes o familiares.

Por otra parte, el hecho de que entre 1999 y julio del 2004 se hayan vinculado 15.147 niños y niñas al sistema educativo pero 15 mil se hayan quedado sin cupo, pone en evidencia la ineficiencia tanto en cobertura como en calidad de la educación formal del Distrito Capital a la que deben enfrentarse las personas en situación de desplazamiento que viven en Bogotá.

Así mismo, vale la pena mencionar que el 80% de las familias desplazadas que habitan en Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Kennedy y Engativa – localidades donde se concentran el mayor número de desplazados de la capital- no pertenecen a ningún régimen de seguridad social.

En cuanto a los planes de retorno de las personas desplazadas que llegan a Bogotá, el Secretario de Gobierno del Distrito, Juan Manuel Ospina, afirmó durante la Audiencia Defensorial “El desplazamiento forzado en Bogotá: Retos y perspectivas” que tan sólo el 20% de los desplazados de Bogotá piensan en el retorno, mientras que el 60 % prefiere radicarse en la ciudad –el 20% restante no sabe o no responde. Estas cifras han llevado a que la Secretaria de Gobierno del Distrito cuestione la política de retorno propuesta por el Gobierno Nacional, pues no sólo la población afectada demuestra un claro desinterés en la propuesta, sino que además, según una evaluación realizada por La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, una proporción muy alta de los miembros de las comunidades evaluadas que retornaron tuvieron que volver a desplazarse o están en riesgo de ser obligados a hacerlo.

Por esta razón, la Secretaria de Gobierno Distrital ha afirmado que su Plan Distrital Integral de Atención a la Población Desplazada se concentrará en la promoción de alternativas de integración dentro de las localidades receptoras, mientras que el Estado busca garantizar llevar a cabo una política de retorno que se cumpla en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad. Así, según el Secretario Distrital, lo que se pretende con este Plan es “dar una respuesta eficaz a todas las necesidades de esta población para lograr recuperar sus derechos y condiciones de vida digna y normal. Por lo tanto, hay que crear dinámicas entre el gobierno nacional y distrital para que las personas en condición de desplazamiento dejen de serlo”. Entre las dinámicas planteadas en el Plan Distrital se distinguen tres grandes estrategias centradas en la Prevención y la Protección de la población desplazada: atención humanitaria, desarrollo económico local, gestión humanitaria social y vivienda.

Finalmente, debido a que el desplazamiento forzado se ha convertido en una de las problemáticas de mayor incidencia en la configuración de la situación de violencia que vive Bogotá hoy, es preciso que el Distrito no solo trabaje en conjunto con el gobierno nacional, pues la situación de crisis humanitaria que sufre la capital del país demanda con urgencia una pronta y concisa solución basada en la construcción de una infraestructura institucional incluyente que tenga la capacidad de diseñar y ejecutar proyectos de generación de ingresos, recuperación psicosocial, atención en salud y educación, desarrollo de infraestructura social y organización y fortalecimiento de las localidades receptoras.

7-Conclusiones

La revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema del desplazamiento forzado en Colombia refleja la existencia de una gran concentración de textos que estudian fenómenos sociales que se desprenden de la ocurrencia de éxodos forzados. En este sentido, es significativo el número de investigaciones y bibliografía académica que, desde distintas disciplinas, han indagado por la naturaleza del impacto que el fenómeno del desplazamiento tiene sobre ciertos grupos poblacionales en términos de rupturas de viejos vínculos de solidaridad, quebrantamiento de identidades colectivas, diseño e implementación de estrategias de atención y protección enfocadas hacia la adaptación psicosocial de los grupos más vulnerables –mujeres y niños, especialmente-, etc. Igualmente, son abundantes los estudios que evalúan las políticas públicas diseñadas por el Estado colombiano y enfocadas en la Prevención y la Protección de la población en situación de desplazamiento.

Si bien la contribución de estos estudios ha sido bastante significativa en el desarrollo de programas de acción para atender a la población desplazada de todo el país, es importante constatar aquí que existe una evidente prevalencia otorgada a las consecuencias del desplazamiento forzado en Colombia –es decir, tanto a las repercusiones que genera el impacto del éxodo sobre la población civil, como al tipo de respuestas que actores estatales y no estatales le dan a dicha problemática- en comparación con la atención que se le presta a las causas de dichas migraciones forzadas, sobre todo si se tiene en cuenta que el desplazamiento forzado no necesariamente es una consecuencia directa de la presencia de actores armados o de la violación –por parte de estos- a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

Así pues, es preciso concentrar más esfuerzos en el desarrollo de estudios e investigaciones que, desde una aproximación exploratoria, interpreten el desplazamiento forzado como una variable dependiente y precedida causalmente por una serie de dinámicas especificas y propias a las interacciones, lógicas y proyectos de dominación que pretenden adelantar los actores armados involucrados en el conflicto armado interno. Solo de esta manera, será posible comprender la naturaleza de la cadena de acontecimientos que, concatenados entre sí a modo de sucesivas causas y consecuencias, precede el flujo de migración forzado en Colombia. Vale la pena resaltar la importancia de esta afirmación, pues solo así resultará posible volcar la atención tanto del Estado como de la sociedad civil a los hechos que conllevan al desplazamiento e implementar las medidas necesarias para su prevención en todas las regiones del país.

Ahora bien, cuando se estudia con detenimiento las causas del desplazamiento forzado en Colombia, se pone en evidencia el hecho de que este no es un fenómeno que necesariamente se da de modos iguales en todas las regiones afectadas por el conflicto armado. Por lo cual, es preciso observar con más cautela las lógicas que han determinado las dinámicas del conflicto armado y las acciones de sus actores en las distintas regiones del país. Es preciso, entonces, ir más allá de la constatación en la coincidencia entre los mapas de la confrontación y de aquellos otros que identifican los focos del desplazamiento forzado en el territorio colombiano; la explicación del tipo de dinámicas que dan origen al fenómeno del desplazamiento forzado tiene que basarse en el estudio de las cronologías y variaciones espaciales de la guerra, así como en la interpretación de las lógicas de confrontación y dominación que utilizan los actores armados involucrados.

En esta medida, las políticas públicas para la prevención del desplazamiento forzado en Colombia deben diseñarse teniendo en cuenta la posibilidad de una relación causal entre el fenómeno del desplazamiento forzado en una determinada zona del país con la evolución del conflicto armado en la misma, entendiendo por tal evolución las variaciones tanto de la presencia territorial de los actores armados como de la intensidad de sus acciones. De esta manera, los programas de acción para la prevención del desplazamiento forzado deben sustentarse en la evolución estadística del desplazamiento forzado en las distintas regiones del país para así explicar como las relaciones entre desplazamiento forzado y conflicto armado asumen valores subregionales y municipales diferentes, por cuanto la evolución de la guerra presenta trayectorias disímiles y motivaciones geopolíticas distintas para cada espacio geográfico.

Finalmente, debido a que el desplazamiento forzado tiene entre sus causas explicativas el establecimiento de una relación entre la población civil y los grupos armados basada en el uso de estrategias de dominación mediante la violencia y el miedo - por parte de los actores del conflicto- como recursos clave para someter a la población y así alcanzar el control de las regiones estratégicas que se están luchando en la confrontación, es preciso que las políticas publicas orientadas a la prevención del desplazamiento forzado tengan en cuenta los tipos específicos de relación entre grupos armados y población civil que en cada zona particular hacen más proclive a las comunidades de ser expulsadas de su lugar de residencia.

8-Propuestas para el diseño de políticas públicas orientadas hacia la atención de las personas en situación de desplazamiento forzado

Dentro de la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia, las mujeres (adultas y niñas) se ven en la necesidad de restablecer la dinámica familiar como ejes de la recuperación emocional y económica de sus familias. Esto se debe a que, en un número significativo de casos, el hombre de la casa -es decir, el marido, compañero o el padre – ha sido asesinado o reclutado por los grupos insurgentes que operan en su lugar de procedencia. En consecuencia, son ellas quienes ahora, en su condición de viudas y madres cabeza de familia, están llamadas a ser el núcleo a partir del cual se empezará a construir una nueva dinámica familiar y social.

De esta manera, el desplazamiento forzado ocasiona impactos específicos sobre la población femenina que deben ser contrarrestados con la implementación de programas de acción para atender a esta población en particular. Ante la urgencia que demanda esta situación, es necesario desarrollar políticas públicas de atención psicosocial para las mujeres en situación de desplazamiento forzado. Así mismo, debido a que en varias ocasiones la responsabilidad de sostenimiento económico y psicológico de la familia recae exclusivamente sobre las mujeres, valdría la pena diseñar una política pública enfocada en la promoción de oportunidades para las mujeres desplazadas. Esta política podría incluir procesos de capacitación y acompañamiento durante su proceso de estabilización socioeconómica, además de cobertura en salud.

Según las estadísticas, menos de la mitad de la población infantil en situación de desplazamiento tiene acceso al sistema educativo formal. Esto indica que una gran parte de la población escolar desplazada se dedica a actividades diferentes a la escolar. En muchos casos, estos niños y niñas contribuyen a través de oficios varios a la economía del hogar. Para evitar que esta situación se siga reproduciendo, se deben implementar políticas públicas orientadas a establecer y garantizar espacios educativos, culturales y recreativos para la población infantil y juvenil en situación de desplazamiento. Esto implica la creación de cupos escolares suficientes, así como la promoción del acceso gratuito a la escuela para los niños menores. Finalmente, para evitar los riesgos a los que frecuentemente están expuestos los jóvenes, las niñas y los niños desplazados, tales como la explotación, el abuso sexual, la delincuencia común y la violencia domestica, es necesario que se fortalezcan los programas de prevención, atención y protección ya existentes a favor de esta población.

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