LOS JÓVENES ESCUCHAN A LOS JÓVENES

El pasado 1 de Marzo, se realizó el foro “Los Jóvenes escuchan a los Jóvenes” en la sala Ernesto Bein, del Centro Cultural del Gimnasio Moderno, organizado por la Red de Paz del Gimnasio Moderno y la Escuela de Liderazgo Social y Político. Este evento tenía como objetivo unir a los jóvenes con la coyuntura del país y así lograr acercarlos a los acontecimientos políticos del mismo. Entre los asistentes se contó con la presencia de 500 personas, entre ellas estudiantes y profesores de colegios públicos y privados de Bogotá. Los colegios invitados fueron colegio Emilio Valenzuela, San Carlos, Tilatá, Unidad Pedagógica, Clara Casas, Gimnasio Los Portales, Santa Ana, Fundación Solidaridad por Colombia, Fundación Compartir, Gimnasio Sabio Caldas y Gimnasio Moderno, entre otros. El foro estuvo dividido en dos sesiones. La primera parte contó con la presencia de Paloma Valencia por Alas Equipo Colombia, Rafael Merchán por Cambio Radical, Nicolás Uribe por Partido de la U , Camilo Bonilla por el Partido Conservador, Andrés Villamizar representando el Partido Liberal, Elkin Velásquez por el Polo Democrático, David Luna representando el Por el País que Soñamos y Jorge Torres por el partido Visionario; consistió en un debate abierto en el cual los candidatos respondieron a las preguntas formuladas por los estudiantes.

La segunda parte del foro contó con la participación de Juan Carlos Flórez por el partido Visionario y Leandro Rache por el Polo democrático. Aunque se manejó una dinámica similar a la de la sesión previa, se llevo a cabo un mano a mano en el que cada candidato buscaba persuadir al público asistente y así superar a su opositor con un juego de ideas y palabras que dieron cuenta sobre la claridad de sus propuestas. Gracias a la dinámica del debate y a la mayoría de sus asistentes que paradójicamente eran menores de edad, se logró llegar a la conclusión que los jóvenes no sólo están muy interesados muy actualizados en los asuntos políticos, sino que además, les interesan temas que van desde la juventud, hasta el TLC y la intervención de la Iglesia en política.

Paloma Valencia Por Maria Clara Ospina

Paloma Valencia Laserna

Por
María Clara Ospina

Los jóvenes en la política son refrescantes, por su candor, energía y auténtica sensibilidad. Su actitud aún no está corrompida por envidias, odios, ni ambiciones desmesuradas. Son intrínsecamente honestos en su deseo de obtener cambios para aquellas cosas que encuentran aberrantes en nuestro país, como son la extrema pobreza, el desperdicio o mal manejo de nuestros recursos naturales y la corrupción.

Ellos y ellas aún no están cansados, ni cargan en sus espaldas un cúmulo de derrotas, frustraciones y compromisos adquiridos que los paralicen y amarguen su labor. Por eso es posible que logren, por lo menos parcialmente, algo de lo que se proponen. Valga además decir que estas jóvenes mujeres y hombres postulados hoy en diferentes listas, en su mayoría, tienen una preparación académica excelente. Por eso, cuando hablan de construir un proyecto de nación más amable lo hacen con conocimientos para conseguirlo. ¿Y por qué no lo han de lograr? sus propuestas son verdaderamente sus propósitos, no son retórica, ni "cuento de campaña".

Este es el caso de Paloma Valencia Laserna, quien se postula por primera vez para la Cámara de Representantes por el movimiento Alas, Equipo Colombia. Paloma tiene un título en Derecho y Filosofía y una especialización en economía de la Universidad de los Andes, fundada por su abuelo Mario Laserna Pinzón, además ha hecho estudios en Harvard en Preservación y Utilización de Recursos Naturales. La hermosa Paloma (es verdaderamente bella) oyó de política y de servicio a su patria desde pequeña. Pasó su niñez en Popayán rodeada de la tradición, historia y poesía de su ancestro familiar. Allí se enamoró de la belleza del sur del país, de los campos y las aguas y del Macizo Colombiano, cuna de nuestros más importantes ríos. No en vano una de sus mayores preocupaciones es la preservación de la integridad del Macizo y las cabeceras de los ríos. En una entrevista concedida al Diario del Huila, Paloma afirmó que, para ella, uno de los mayores logros de los gobiernos anteriores han sido los bosques que han conseguido preservar; "Siendo esta nuestra mayor riqueza, tenemos que pensar qué vamos a hacer con ella". Su bandera es la preservación del agua. ¡Y qué bandera más importante!

El agua, cada vez más escasa, se ha convertido en uno de los recursos más valiosos de una nación. El crecimiento de la población mundial siempre en aumento, el descuido de las cabeceras de los ríos y otros lugares de nacimientos de agua, la erosión, la polución y tantos otros agentes, han ido acabando con las fuentes del precioso líquido indispensable para la vida. De la preservación y sostenimiento de las fuentes de agua dulce puede depender el futuro de la humanidad. ¡Así de grave y así de sencilla es la cosa! Paloma entiende de este tema y aunque no es el único que pretende encarar, sí es su mayor preocupación. Como es un tema para mí también de suma importancia, Paloma Valencia Laserna tiene mi voto. Invito a mis lectores a considerar su propuesta.

Casilla n.° 107 de Alas, Equipo Colombia.

mclaraospina@yahoo.com

LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN BOGOTÁ

Actualmente las cantidades de generación diaria de residuos sólidos en Bogotá están cerca de los 6.000Kg algo así como el peso de 1.200 elefantes, donde se calcula que cada habitante genera en promedio 0,5 Kg. de residuos sólidos al día.

Esos residuos están mezclados de forma que el 55% es de características orgánicas, el 10% plásticos, el 13% papel y carbón, el 7% vidrio, el 35% metales y el 12% otros, como lo son textiles, cueros y cerámicas. Es decir que en su mayoría estos residuos cuentan con características de material recuperable, donde posteriormente podrían ser valorados y utilizados en labores donde su uso va a ser similar o igual al de una materia prima en un proceso productivo.

La cantidad de residuos sólidos que actualmente se recuperan en la ciudad de Bogotá es muy baja, pues según estudios solo el 9.8% de los residuos que se generan son recuperados con fines de reciclaje donde existe un potencial de material para ser reciclado del 30%. Esta situación en gran parte se debe a la falta de herramientas educativas, operativas y culturales presentadas por las diferentes entidades del gobierno ya que deben ser estas los creadores y/o ejecutores de un eficaz programa de reciclaje para la ciudad de Bogotá.

Siendo Bogotá el mayor productor de residuos sólidos de Colombia, no cuenta con un sistema integral de residuos sólidos urbanos, haciendo que el 92% de los residuos generados tengan una disposición final en el relleno sanitario de Doña Juana. Ubicado en el sur oriente de Bogotá, el cual ocupa una extensión de 457 hectáreas y el cual es reconocido como la madre de los rellenos sanitarios en Colombia.

Como este, aunque de menores proporciones, hay 135 rellenos sanitarios en Colombia, la mayoría de ellos con graves problemas de funcionamiento por el deficiente cumplimiento de especificaciones técnicas y por el impacto que genera en la comunidad circunvecina los olores ofensivos, los gallinazos, y la proliferación de moscas y roedores.

A diario se presentan situaciones en las cuales los residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios y puntos de almacenamiento en condiciones de riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud humana, pues al existir una acumulación de residuos sólidos que no cumpla con las características técnicas necesarias, este se convierte en un foco causante de olores molestos, infecciones, cortadas, pinchazos, quemaduras por residuos irritantes, afecciones respiratorias por el polvo y proliferación de roedores que directamente afectan a diario el desarrollo de cada ciudadano.

LOS RECICLADORES

La sociedad colombiana actual tiene un concepto positivo sobre el reciclaje, pero desconoce los gestores más importantes de este proceso. Los recicladores son personas humildes que tienen como medio de vida recuperar y acopiar los materiales potencialmente reciclables, la comunidad en general tiene una imagen equivocada de los recicladores por su estado social o económico, creando esto conflictos permanentes en las relaciones recicladores-comunidad; dando esto una afección en los procesos de convivencia y sobre el reciclaje directamente.

Los llamados ‘recicladores’ generalmente realizan su trabajo en los sitios de disposición y en la calle. Son personas de todas las edades que por lo regular no cuentan con medios para atender a sus hijos menores mientras hacen el reciclaje. Por ese motivo es común la presencia de los menores en los sitios donde laboran sus padres, expuestos a un cuadro de riesgo significativo, es decir de alto impacto negativo en cuanto a las posibles enfermedades que pueden tener ocurrencia a través de los vectores que proliferan a partir de los residuos no controlados técnicamente.

Según estudios recientes se estima que en Colombia hay un total de 50 mil familias dedicadas a labores de reciclaje, para una población total de 300 mil personas que atienden el 12% de los residuos generados en el país. El 17% están organizados en 117 cooperativas o grupos asociativos y prestan el servicio de manejo integral de residuos en diez centros urbanos.

Esta actividad de reciclaje en la ciudad de Bogotá mueve alrededor de 40 mil millones de pesos en ventas y otros 11.263 millones de pesos en valores agregados. Sin embargo quienes dependiendo de este negocio que económicamente es tan bueno en las esferas de la intermediación y la gran Industria, más de 18 mil personas, mantienen ingresos por debajo del salario básico mínimo obteniendo solo 8 mil millones de pesos al año, para 3.701 familias $180.000 Promedio Familia/Mes.

Los recicladores son personas que en su mayoría se encuentra en edades entre los 15 y 45 años, edades laboralmente activas en las que se facilita más el trabajo de capacitación siendo esta una labor fundamental para el buen desempeño de este tipo de trabajo ya que son personas que deben relacionarse con demás compañeros recicladores y ciudadanos.

El 97% de los recicladores afirma que el reciclaje es la única fuente de trabajo de la cual obtienen los ingresos necesarios para vivir. Estos ingresos en su mayoría se encuentran en un rango de $5.000 a $15.000 que reciben diariamente por su trabajo, donde comparado con las frecuencias de recolección se observa que los sueldos pueden oscilar entre los $60.000 y $180.000 al mes.

Dentro de los mecanismos de recolección utilizados para desarrollar el trabajo del reciclaje los zorros son la herramienta de trabajo mas utilizada por ellos, ya que estos cuentan con una gran capacidad de carga siendo para el transporte urbano una herramienta poco amigable por generar congestiones en ciertos puntos de las vías de la ciudad.

Entre las complicaciones que se presentan en las jornadas de trabajo diariamente a los recicladores se observa que la relación con la policía es la mayor afectación seguida de problemas con compañeros lo que demuestra la necesidad de crear grupos de trabajo perfectamente identificados y capacitados para que ellos sean tratados como personas de bien.

Las condiciones de trabajo para los recicladores en cuanto a herramientas y equipos de protección son casi nulas, lo que produce que existan accidentes de trabajo a diario que en su mayoría son cortaduras y desgarres musculares causados por la dificultad de la manipulación de los zorros en función de las cargas transportadas diariamente y la dificultad con la cual se efectúa la separación y transporte del material recuperado.

SITUACIÓN ACTUAL A SER MEJORADA

En busca de un ambiente sano la sociedad será una pieza fundamental para que el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos comience a desarrollarse de forma que la sociedad el medio ambiente y las personas que hacen parte del programa de reciclaje, vean mejoras inmediatas tanto en los aspectos ambientales, económicos y sociales logrando así un desarrollo sostenible en función de los residuos sólidos urbanos.

Este sistema se operará de manera que se logre disminuir la cantidad de residuos sólidos que actualmente son dispuestos en el relleno sanitario de Doña Juana por medio del trabajo de los recicladores de una manera planificada y técnicamente eficiente. Acompañado de programas educativos para que todos los ciudadanos realicen una separación de residuos sólidos en la fuente es decir desde su mismo hogar, ya que no siendo así el sistema no obtendrá los resultados necesarios.

De esta manera los recicladores estarán vinculados formalmente a diferentes asociaciones donde contarán con una cobertura de salud y con las herramientas de trabajo necesarias para operar eficazmente. Los recicladores contarán con una mayor cantidad de residuos ya que al ser estos clasificados desde la fuente aumentará la cantidad de residuos sólidos recuperables lo que obliga a que contratar un mayor número de recicladores, mejorado sus ingresos y condiciones e incorporación a la vida productiva y competitiva de la Ciudad, logrando disminuir las afectaciones medio ambientales que a diario soporta la ciudad de Bogotá.

Los recicladores son personas que estarán organizadas y capacitadas de manera que la sociedad los observe como profesionales en el tema que en conjunto demuestran efectividad logrando respeto y defendiendo su profesión de manera digna y justa, ya que serán ellos los que jugarán un papel esencial en el sistema de gestión Integral de residuos sólidos urbanos.

El sistema a ser implementado a parte de contar con el trabajo de los recicladores será dotado de instalaciones y maquinarias de características técnicas necesarias, de forma que al ser operado logre este recuperar la mayor cantidad de material para que sea valorado y comercializado a nivel nacional y/o internacional obteniendo ingresos y resultados que beneficien a los trabajadores, la sociedad y a las generaciones futuras siendo este un proyecto que disminuirá las afectaciones al medio ambiente.

El diseño y operación del sistema se realizará bajo el cumplimiento normativo de las exigencias legales vigentes. Por lo que a continuación se presenta un análisis de la normatividad vigente que corresponde a este tipo de proyectos.

PALOMA VALENCIA LASERNA .::. Candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá D.C.

Cambio climÁtico

Los Desafíos del Cambio Climático en el contexto del Dilema Ético que caracteriza las Relaciones entre Norte y Sur

El fenómeno del cambio climático desafía seriamente la capacidad de la comunidad internacional para construir respuestas globales justas e imparciales a problemas comunes. A pesar de que la evidencia empírica ha demostrado que los países industrializados son los responsables de gran parte de la emisión de los gases que causan el efecto invernadero (greenhouse gases, GHG), las consecuencias más dañinas de los efectos del cambio climático las están sufriendo los países más pobres; los cuales, en su mayoría, no solo son los que menos contaminación producen, sino que ademas son los menos capacitados para mitigar los efectos adversos que esta genera. No obstante, lo que es aun más preocupante es que en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, son los intereses de estos mismos países los que se han visto más vulnerados por el contenido de las propuestas acordadas, ya que estas han terminado materializándose en regulaciones ambientales que privilegian ciertos valores éticos que solo benefician los intereses de los países desarrollados o industrializados.

Esta realidad demanda una pronta solución, pues el fenómeno del cambio climático puede cambiar dramáticamente e irreversiblemente la forma en que vive toda la humanidad. Por lo tanto, si la comunidad internacional no decide tomar responsabilidad uniendo esfuerzos en torno a una causa común -nuestro futuro- millones de personas, ecosistemas y territorios podrían desaparecer en un futuro próximo. Sin embargo, para impedir esta catástrofe es necesario mantener un principio de justicia que inspire las políticas orientadas hacia la distribución y mitigación de los efectos del cambio climático. Para ser justos, entonces, será necesario que los países industrializados asuman tanto su responsabilidad por la emisión de los gases que causan el efecto invernadero como su deber moral con las necesidades e intereses de los países en vías de desarrollo.

Este documento analiza tres de los desafíos más importantes que le depara el fenómeno del cambio climático a los distintos pueblos del mundo en el contexto del dilema ético que implica el predominio de las relaciones verticales en las negociaciones internacionales entre los estados-nación del norte y aquellos del sur: países desarrollados y países en vías de desarrollo. Estos desafíos aluden a la forma en que se deben interpretar los tres principios éticos que han inspirado el diseño e implementación de la mayoría de las políticas orientadas hacia la distribución y mitigación de los efectos producidos por el cambio climático. Asi, los conceptos de: Responsabilidad, Igualdad de Derechos y Comparabilidad de Esfuerzos, son tres principios que en este estudio se analizan como los criterios éticos principales que han orientado las acciones de los diferentes actores del sistema internacional - tanto de los organismos multilaterales como de los países desarrollados y de aquellos en vías de desarrollo- en respuesta a los desafíos que les depara el fenómeno del cambio climático.

La cuestión de la justicia ambiental y la imparcialidad en su implementación ha generado serias tensiones en las relaciones entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Esta situación ha obstaculizado la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita la cooperación internacional en lo referente a las distintas cuestiones que el fenómeno del cambio climático plantea. Por tal motivo, aquí se revisaran los criterios de justicia e imparcialidad que manejan los valores éticos que han inspirado las políticas acordadas en el contexto de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático.

En este sentido, el principio de responsabilidad enfatiza tanto la injusticia que los efectos del cambio climático genera en los países en vías de desarrollo, así como la responsabilidad que deben tomar los países desarrollados por dichos efectos. El principio de Igualdad de Derecho, por otra parte, apoya el enfoque de “emisión per. cápita”. Y el principio de Comparabilidad de Esfuerzos, por ultimo, resalta el hecho de que a los países en vías de desarrollo no se les puede restringir su derecho al desarrollo y al crecimiento en nombre de la contención de los efectos del cambio climático.

Ahora bien, en este estudio enfatizamos en la importancia del principio de justicia como factor clave para que las negociaciones sobre el cambio climático funcionen. Por esta razón, es importante preguntarnos ¿cual noción de justicia debe predominar aquí: la justicia distributiva o la justicia procesal? Según Paalova y Adger, la justicia distributiva se enfoca en asignar los efectos e impactos, ya sean positivos o negativos, del cambio climático que es inducido por el hombre, a través de los diferentes grupos de personas en el tiempo, por lo cual es un concepto que esta relacionado con los principios de equidad e imparcialidad. Por otro lado, la justicia procesal esta relacionada con los conceptos de reconocimiento, participación y legitimidad. Aunque ambas nociones de justicia juegan un papel determinante en las negociaciones sobre el cambio climático, en este documento haremos énfasis en las implicaciones que tiene la justicia distributiva en dichas negociaciones. Es decir, lo que aquí se pretende hacer es determinar hasta que punto los principios de equidad e imparcialidad están implícitos en las políticas ambientales que se han acordado en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. En otras palabras, lo que pretendemos es responder a la siguiente pregunta: ¿Que tan justa –en términos de equidad- e imparcial es la justicia ambiental internacional?

Asi pues, este documento no pretende responder a la pregunta de ¿qué es lo debemos hacer para resolver el fenómeno del cambio climático? La pregunta que aquí nos concierne es la siguiente: ¿Cómo debemos implementar esos cambios? ¿Cómo queremos alcanzar los cambios necesarios? ¿Qué tipo de valores éticos vamos privilegiar al diseñar las políticas para mitigar y distribuir los efectos del cambio climático? Debido a que el concepto de equidad tiene múltiples connotaciones, el optar por la decisión de ser justos e imparciales no tiene mucho sentido. Existen diversas aproximaciones para comprender y resolver los problemas que nos depara la inequidad. A continuación se examinaran algunas de estas aproximaciones para asi relacionarlas con el dilema ético que ha venido permeando las negociaciones entre los distintos actores del sistema internacional sobre el fenómeno del cambio climático.

¿Por que la justicia importa? Existen al menos tres respuestas diferentes a esta pregunta, cada una fundada en diferentes postulados teóricos:

La respuesta Utilitarista: La equidad puede garantizar la cooperación internacional

Para alcanzar las metas propuestas en el protocolo de Kyoto se requiere de los esfuerzos coordinados de todas las naciones. Sin embargo, debido a que los estados nacionales son soberanos, el factor de la voluntad es crucial –sino necesario- para lograr la cooperación. En este sentido, la imparcialidad de un tratado, protocolo o acuerdo es una condición determinante que puede garantizar la cooperación entre los distintos actores del sistema internacional. Así, la forma más simple de lograr una situación de cooperación entre individuos con intereses y necesidades diferentes, es estar de acuerdo en que aquello que se esta negociando es justo e imparcial; Las injusticias pueden poner en juego la voluntad de cooperar. Por lo tanto, según el utilitarismo, la equidad se presenta como un principio determinante y útil para lograr la cooperación internacional en las negociaciones sobre el cambio climático.

1. La equidad es un valor en sí mismo

Según este enfoque, el interés por la justicia y la imparcialidad siempre ha sido parte de la naturaleza humana, pues es un imperativo categórico que no solo se basa en la voluntad de ser justos sino en el deseo de ser mejores personas. Así, la justicia se trata de ser justos, porque queremos, porque le reconocemos como un valor en sí mismo. En consecuencia, en la cuestión del cambio climático la justicia importa tanto como el éxito de las políticas acordadas para mitigar sus efectos.

Las consideraciones morales son ineludibles

Cada decisión esta basada en una consideración moral. La idea según la cual hay personas que pueden vivir al margen de los preceptos morales es, en el mejor de los casos, ingenua; ya que en cada acción, posición o planteamiento hay valores intrínsicos, asi estos no se hagan explícitos. De esta manera, a todas las decisiones o elecciones les es inherente un carácter moral en el sentido de que están informadas por valores que guían la comparación entre las distintas alternativas y, por lo tanto, la elección entre las mismas. En consecuencia, si las consideraciones morales son ineludibles es importante analizar cuales y por que se privilegian ciertos valores morales sobre otros.

La relación entre Norte y Sur en el contexto de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático

El fenómeno del cambio climático aparece como uno de los desafíos contemporáneos más importantes que enfrenta la humanidad. En este sentido, es necesario que los diferentes actores involucrados en las negociaciones donde se discuten las regulaciones ambientales comprendan que el cambio climático es un problema transnacional cuyos efectos solo pueden ser mitigados a través de la cooperación de la comunidad internacional en torno a una causa común: El futuro de las próximas generaciones. Sin embargo, antes que un ambiente de cooperación, lo que se ha venido presentando –y aun se presenta- en el contexto de la formulación de los acuerdos internacionales sobre el cambio climático es una situación de tensión donde se acentúa la división entre los intereses de los países del norte y aquellos del sur: países desarrollados y países en vías de desarrollo.

Así pues, en el contexto de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático la relación entre norte y sur es bastante compleja y confusa. Esto ocurre porque los países del norte son más ricos que los países del sur y porque ademas son conscientes de que estos últimos dependen de sus economías boyantes para mantenerse a flote. De esta manera, ejercen presiones tanto políticas como económicas durante las negociaciones para hacer prevalecer sus intereses en el contenido de los acuerdos internacionales que imponen regulaciones ambientales. Es así como los países del norte hacen uso de sus ventajas para influenciar las negociaciones de tal manera que en las regulaciones finales predominen los valores éticos que solo los benefician a ellos.

El dilema de la restricción en las emisiones para frenar de los efectos del cambio climático

Fue durante la convención de Kyoto que la comunidad internacional estableció por vez primera un conjunto de metas para enfrentar los desafíos que le imponía el cambio climático a la humanidad. Las metas decían así: 1) Reducir la emisión de los gases que producen el efecto invernadero (GHG), especialmente aquella producida por los países desarrollados, 2) Alcanzar el crecimiento de los países en vías de desarrollo sin generar un impacto ambiental significativo, y 3) Crear una capacidad reciliente para aplacar el impacto del cambio climático a la luz de una justicia ambiental.

Si bien en el protocolo de Kyoto se establece la meta de reducir las emisiones de GHG, la pregunta es: ¿Quién debe reducirlas? Este problema ha sido denominado como el dilema de la restricción o asignación de derechos para emitir los GHG.

Limitar la emisión de los GHG es una cuestión bastante compleja, ya que restringe dos de los factores más importantes del desarrollo económico: el consumo de energía y el uso de la tierra. La literatura académica, entonces, ha empezado a tratar esta cuestión como un problema de justicia distributiva. Así, entre los modos sugeridos para resolver este dilema los expertos han presentado las siguientes propuestas: otorgar a cada país iguales derechos para emitir según el tamaño de su población (equal per capita emissions); Asignar a cada país derechos de emisión según su responsabilidad histórica; Asignar derechos de emisión de acuerdo a la capacidad y voluntad de cada país para pagar y, finalmente, hacer un uso mixto de todas estas opciones.

Igualdad de Derechos

La primera propuesta, otorgar a cada país igualdad de derechos para emitir según el tamaño de su población, se basa en el principio moral según el cual todo ser humano tiene el mismo derecho para hacer uso de los bienes públicos que estén a su disposición –en este caso, la atmósfera-; es decir, todos los seres humanos deben gozar de una igualdad de derechos para disfrutar un bien común. Como resultado de esta reflexión, algunos expertos que estudian el problema de la justicia distributiva de los efectos del cambio climático han sugerido que cada ser humano debe gozar de una igualdad de derechos para emitir GHG, de tal manera que todos los países tengan el mismo derecho a emitir según el tamaño su población.

No obstante, si nos basamos en este principio encontraremos que existe una gran diferencia entre las emisiones de los países industrializados y aquellas de los países en desarrollo, pues las investigaciones recientes señalan que la emisión de GHG de un solo ciudadano estadounidense en 1996 equivalía a aquella de 19 ciudadanos de la India y 30 pakistaníes. Por lo tanto, el criterio de igualdad de derechos para emitir según el tamaño de la población no es un principio moral justo e imparcial, pues las emisiones de las personas de los países más pobres son mucho menores que las emisiones de aquellas de los países industrializados, lo que conlleva a que las personas más vulnerables sufran las consecuencias de las emisiones que hacen los más ricos.

Así mismo, el principio de igualdad de derechos puede llevar a un incremento indeseado de la población, ya que muchos países trataran de incrementar su población para ampliar sus derechos de emisión, y lo que es peor, aquellos países que están haciendo un esfuerzo para reducir su población serán castigados.

Aquí se recomienda una asignación de derechos para emitir que se base en el tamaño del territorio y la magnitud de la riqueza en flora y fauna. Esta asignación podría proveer un mejor y más justo derecho, sin premiar los aspectos negativos de un país. Además, si la asignación incluye permisos de intercambio, podría actuar como un incentivo para proteger los bosques y la biodiversidad. Los países ricos en bosques y en biodiversidad podrían vender los derechos a los países industriales y permanecer subdesarrollados para proteger su ecosistema, pero al mismo tiempo estarían recibiendo un dinero significativo por esto.

Responsabilidad

La propuesta según la cual se le deben asignar los derechos de emisión a cada país según su responsabilidad histórica, utiliza el criterio de la emisión histórica para determinar la asignación actual y futura de derechos de emisión. No obstante, aquí apoyamos la literatura que señala que la responsabilidad histórica no se puede establecer fácilmente, sobre todo cuando el agente de la emisión no tenía conocimiento de los efectos adversos que esta acción tendría sobre los demás.

Esfuerzos Comparativos

La asignación de derechos de emisión según la capacidad y voluntad de cada país para pagar, es una propuesta que se basa en el principio de comparabilidad de esfuerzos para promover la equidad. Según este principio, la imparcialidad y la justicia pueden alcanzarse a través solo si los agentes involucrados en una negociación hacen el mismo esfuerzo para lograr las metas propuestas.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que las reducciones de los GHG son muy costosas y requieren el uso de tecnologías muy avanzadas. En este sentido, es evidente que estos cambios son mucho más fáciles de implementar en los países industrializados donde existe el dinero suficiente para comprar la tecnología necesaria e implementar regulaciones ambientales que promuevan el desarrollo sin la emisión de GHG. En los países más pobres, en cambio, la reducción de GHG es mucho más difícil y compleja, pues estos no cuentan con suficientes recursos económicos y la reducción de la emisión pondría en juego su capacidad de desarrollo y, en consecuencia, el bienestar de la población. De esta manera, si el desarrollo esta directamente relacionado con la calidad de vida y la reducción de la pobreza, entonces a los países más pobres no se les puede negar su derecho al desarrollo y al progreso, lo cual implica que también se les debe dar la libertad para decidir como quieren alcanzar su desarrollo: a través de la emisión de GHG o a través del uso de tecnologías limpias.

Por esta razón, el principio de igualdad de esfuerzos que sugiere la noción de esfuerzos comparativos, debe ser revisado cuidadosamente a la luz del derecho al desarrollo que tienen los países más pobres.

El dilema de la mitigación de los efectos

¿Quién será afectado? ¿Cómo serán evaluados los efectos? ¿Cuál es la naturaleza de las responsabilidades transnacionales? Los impactos del cambio climático no son los mismos para todos los países. Asi, mientras para algunas regiones el calentamiento global significará un beneficio, para otras significará un daño. Para los países en vías de desarrollo que están localizados en regiones tropicales, por ejemplo, el cambio climático reducirá la producción agrícola y empeorará la calidad del medio ambiente. En cambio, para los países industrializados el cambio climático no se presentará como una amenaza significativa para su crecimiento, ya que sus economías no dependen de la producción agrícola y cuentan con los recursos económicos suficientes para inducir un desarrollo a través del uso de tecnologías limpias.

Para ser justos en esta cuestión, es preciso que los países mas desarrollados contribuyan en una proporción más alta en la mitigación de los efectos del cambio climático. En este sentido, en vez de vender las tecnologías limpias a precios exorbitantes, los países industrializados deberían empezar a compartirlas con los países más pobres, pues el cambio climático es un fenómeno que afectará a toda la humanidad y solo a través de la solidaridad y la responsabilidad se lograrán mitigar sus efectos.

En casi todos los sistemas legales, cuando una persona agrede a otra, el agresor no solo tiene que responsabilizarse por sus acciones sino que además debe reparar el daño causado a la víctima. En el contexto del fenómeno del cambio climático debe suceder lo mismo: el agente responsable por los efectos adversos de sus emisiones, debe responsabilizarse por los costos que implica la mitigación. Este es el principio moral en que se basa la propuesta según la cual los países industrializados –los principales emisores de GHG- estarían obligados a incrementar la capacidad de mitigación de aquellos más pobres -y más afectados- a través de la transferencia de tecnologías limpias y recursos económicos. Esta es, pues, una propuesta que a la luz de la justicia distributiva tiene en el principio de la responsabilidad su fundamento moral.

Así mismo, al establecer que los países con mayores emisiones se deben hacer responsables por las consecuencias transnacionales de su contaminación, el Protocolo de Kyoto también se adhiere al principio de la responsabilidad del agente contaminante: este es el principio del “polluter pays” (el que contamina paga). Para contextualizar el significado de esta responsabilidad fue necesario recurrir al principio de “common but differentiated responsabilities” (responsabilidades comunes pero diferenciadas). Según este principio, el esfuerzo que los estados deben hacer en respuesta a los desafíos ambientales comunes debe ser proporcional a su responsabilidad en tanto causantes del problema del cambio climático, así como a su capacidad para solucionarlo.

Ahora bien, aunque el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas ha sido bastante útil para determinar la forma en que se deben asignar los derechos de emisión entre los diferentes países, estudios recientes han demostrado como algunas compañias multinacionales han empezado a trasladar sus bases de operación a ciertos países menos desarrollados donde las regulaciones ambientales son menos estrictas y, por ende, la producción es más barata.

Si esto esta sucediendo, la humanidad se encuentra en serios problemas; pues en vez de reducirse, las emisiones están cambiando de lugar. Esta situación nos enfrenta al siguiente dilema: ¿Las restricciones en las emisiones deben implementarse bajo un criterio territorial? O ¿deben implementarse para restringir la emisión de aquellas industrias y compañias capitalistas que generan su riqueza de la emisión?

Así pues, el hecho de que los grandes capitalistas del mundo estén cambiando los lugares de emisión en beneficio de su propia producción, evidencia una clara violación a las regulaciones inscritas en el Protocolo de Kyoto. Igualmente, aunque el desplazamiento de las compañias capitalistas hacia los países menos desarrollados puede interpretarse como un beneficio para estos países –en tanto generan empleo e industria-, la realidad es que las ganancias de esta producción se quedan en manos de los países desarrollados. Ante la contundencia de esta situación, pues, la comunidad internacional debe tomar acción, ya que las necesidades de los países más pobres –empleo y capital- están siendo utilizadas para esconder la emisión de las mismas industrias y países que se han enriquecido a costa de su propio beneficio. Si bien seria una injusticia limitar la posibilidad de desarrollo de los países más pobres al imponerles las mismas restricciones que regulan la emisión de aquellos más ricos; es más injusto permitir que estos países paguen un precio tan alto en virtud de un progreso relativo.

Conclusiones

La injusticia que padecen los países en vías de desarrollo como consecuencia de los efectos del cambio climático tiene dos caras: En primera instancia, a pesar de que estos países no han tenido una participación significativa en la producción de los GHG, son ellos los que en un futuro sufrirán mas severamente los efectos adversos del fenómeno del cambio climático. Por otro lado, aunque los países desarrollados son los que han perpetuado el cambio climático y los que más se han beneficiado de este, los países más pobres son los que en un futuro tenderán que enfrentarse a la imposibilidad de seguir desarrollándose de un modo tradicional, es decir a través del uso de tecnologías que producen GHG.

En este sentido, aunque diversos estudios han demostrado que el proceso de industrialización de un país no necesariamente implica la emisión de GHGs, el uso de las tecnologías limpias que proporcionan un camino alternativo en el sendero del desarrollo no es una opción viable para los países más pobres; pues estas son mucho más costosas que las tecnologías tradicionales para las que esta diseñada su infraestructura macroeconómica. Así mismo, debido a que los países en vías de desarrollo están mucho más preocupados por su crecimiento económico que por el impacto ambiental que este pueda generar, el esfuerzo adicional que es requerido para implementar estas nuevas tecnologías es visto como un costo significativo que obstaculizaría su derecho a desarrollarse: costo que atribuyen a los países industrializados por generar su desarrollo a través de una producción desmedida y cimentada en la emisión de GHGs. En respuesta a esta situación, el Protocolo de Kyoto estableció una serie de cláusulas para promover el desarrollo ecológico de los países más pobres a través de incentivos económicos – en una de las cláusulas se especifica que aquellos países desarrollados cuyas compañias multinacionales inviertan en proyectos ecológicos en los países más pobres recibirán créditos de reducción de emisión que podrán ser contados dentro de sus objetivos nacionales de emisión- y de la transferencia de tecnologías limpias.

Tanto las regulaciones como las cláusulas establecidas por el Protocolo de Kyoto están basadas en el principio según el cual los países desarrollados deben pagar la totalidad del incremento de los costos acordados por los esfuerzos de los países en vías de desarrollo para mitigar los efectos del cambio climático. Bajo esta lógica, a cada país se le asignan sus derechos de emisión según su capacidad para pagar: es una propuesta que se basa en el principio de comparabilidad de esfuerzos para promover la equidad. Según este principio, la imparcialidad y la justicia pueden alcanzarse solo si los agentes involucrados en una negociación hacen el mismo esfuerzo para lograr las metas propuestas

Finalmente, varios académicos han señalado que los las cláusulas estipuladas en el Protocolo son insuficientes, pues para alcanzar las reducciones en las emisiones de GHG que son necesarias para estabilizar el clima es necesario otorgar a los países más pobres incentivos y medios reales para seguir senderos de desarrollo y progreso alternativos.

EQUIDAD DE GÉNERO

Resumen

En el camino hacia la promoción de la equidad de género y la autonomía de la mujer en Colombia es importante implementar políticas y programas orientados hacia la educación, la información y la comunicación (EIC) con participación de la población femenina en aspectos tales como: igualdad de derechos y deberes de mujeres y hombres, salud sexual y reproductiva, respeto a la diferencia, autoestima y tolerancia. Igualmente, ante las alarmantes cifras de violencia intrafamiliar, es inminente diseñar programas y redes institucionales de información y atención de la violencia. Adicionalmente, es necesario diseñar estrategias para eliminar las barreras que impiden que toda las mujeres tengan acceso a los programas de educación y prevención para el suministro de métodos de anticoncepción, en todos los niveles.

INDICE

1. Nivel Educativo
2. Trabajo Femenino
3. Autonomía de la mujer
4. Nuestra Propuesta: Hacia una promoción en la equidad de género y la autonomía de la mujer en Colombia
   1. Mercado laboral
   2. Violencia de Genero
   3. Participación
5. Estrategias para mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres Colombianas

Gráfica 1: Porcentaje de Mujeres en Edad Fértil sin Educación
Gráfica 2: Distribución Porcentual de Mujeres Entrevistadas por Nivel de Educación más Alto Asistido
Grafica 3: Tipo de Trabajo

1. Nivel Educativo

El nivel educativo se relaciona directamente con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Conceptos como el auto cuidado, la prevención de infecciones en las relaciones sexuales, la planificación familiar afectan todos los aspectos de la sexualidad femenina. El analfabetismo se ha disminuido gradualmente entre las colombianas en edad fértil cerca de un 3%. En zona rural 6.6% y 1.6% en zona urbana.

Gráfica 1: Porcentaje de Mujeres en Edad Fértil sin Educación

El porcentaje de mujeres que reciben educación superior ha aumentado en los últimos 10 años del 11% en 1995 al 19.5% en el 2005.El índice de riqueza (nivel socio económico) determina el nivel de educación al que tiene acceso la mujer colombiana, el 46% de las que se encuentran en el quintil socio económico alto pueden acceder a educación superior y solo un 1.7 por ciento de las mujeres pobres llega a ese nivel.

Las mujeres de la zona rural presentan cinco años menos de estudio que las de la zona urbana (9.9 años promedio de estudio). En ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali se muestran las mejores medianas de educación para las mujeres en edad fértil. Las mujeres entre 20 y 29 años de edad reportan más años de estudio que el resto de mujeres.

Gráfica 2: Distribución Porcentual de Mujeres Entrevistadas por Nivel de Educación más Alto Asistido

2. Trabajo Femenino

El porcentaje de mujeres en edad fértil que trabajan es actualmente del 52%. De acuerdo a la zona de residencia, en la zona urbana un 55% de las mujeres en edad fértil trabajan, mientras que en el área rural se tiene un 39.6%. Se encuentra un aumento del porcentaje de ocupación de mujeres entre los 35 y 39 años, con uno ó dos hijos y con un nivel socio económico medio alto ó alto. El índice de riqueza incide en la situación laboral, teniendo en cuenta que el 52% de las mujeres pobres no trabajan frente al 29% de nivel socio económico alto.

Se presenta una alta correlación entre el nivel de educación, nivel socio económico y el acceso al trabajo: a mayor nivel de educación e índice de riqueza aumenta la posibilidad de acceso al trabajo. En lo referente al tipo de ocupación: ventas y servicios son los cargos más frecuentes ocupados por las mujeres en edad fértil. Vale la pena destacar que un gran descenso se presenta en trabajos profesionales, técnicos ó gerenciales de un 23 por ciento en el 2000 a un 9 por ciento en el 2005.

Grafica 3: Tipo de Trabajo

3. Autonomía de la mujer

En cuanto a las decisiones que toma la mujer en el hogar respecto al manejo del dinero que gana y a su vida sexual y reproductiva, el 90% de las mujeres decide sola como y en que gastar su dinero, el 9% comparte la decisión y el 1% no decide sobre sus gastos.

En lo referente a situaciones específicas en las cuales las mujeres Colombianas se negarían a tener relaciones sexuales con su pareja, encontramos que, cuando la otra persona tiene una infección de transmisión sexual el 96% se niega, en situación post-parto el 93%, por infidelidad el 92% y por motivos de salud o cansancio el 86%. El 77% de las mujeres considera importante las razones expuestas anteriormente para tener o no relaciones sexuales con su compañero.

Algunas prácticas que legalmente están prohibidas y que con frecuencia se realizan en el ámbito laboral vulnerando así los derechos de las mujeres, encontramos: pruebas diagnósticas de embarazo ó de VIH/SIDA. Una de cada tres mujeres se ha visto obligada a presentar una prueba de embarazo como requisito para acceder al empleo solicitado, 5% han sido sometidas a pruebas de SIDA y un 4% han sido despedidas por encontrarse embarazadas. Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali son las ciudades donde más exigen los requisitos mencionados anteriormente. El perfil de mujeres que con mayor frecuencia se ve sometido a estos requisitos, es el de mujeres de 30 a 39 años, de zona urbana, con educación superior y de alto nivel socioeconómico.

4. Nuestra Propuesta: Hacia una promoción en la equidad de género y la autonomía de la mujer en Colombia

Si bien en Colombia no se presentan diferencias importantes en asistencia escolar por género -incluso la ENDS del 2005 reporta una taza de escolaridad más alta en la población femenina en comparación con la masculina-, es importante implementar políticas y programas orientados hacia la educación, la información y la comunicación (EIC) con participación de la población femenina en aspectos tales como: igualdad de derechos y deberes de mujeres y hombres, salud sexual y reproductiva, respeto a la diferencia, autoestima y tolerancia. Igualmente, ante las alarmantes cifras de violencia intrafamiliar, es inminente diseñar programas y redes institucionales de información y atención de la violencia.

En este sentido, para iniciar el largo camino de la promoción en la equidad de género y la autonomía de la mujer en Colombia, es necesario que primero se reevalúen los instrumentos con que cuenta el país para monitorear y evaluar la situación de género en sus diferentes ámbitos, pues estos aún son insuficientes. En concreto, el diagnóstico de equidad de género deja entrever la necesidad de obtener, de manera prioritaria, avances en las siguientes tres áreas:

Mercado laboral

Aquí se hace inminente hacer un seguimiento de la equidad de género tanto en materia salarial como en la calidad del empleo, pues como lo demuestra el diagnóstico, a pesar de estar mejor preparadas, en la medida en que la importancia, el prestigio y el nivel salarial del trabajo aumenta, la presencia de la mujer desciende notablemente. Lo cual demuestra una clara discriminación e inequidad en cuestiones de género. Así pues, con el fin de enfrentar este problema es preciso trabajar en aras de la construcción de mecanismos para el trámite efectivo y la recepción de denuncias sobre discriminación salarial por género. Así mismo, ya que tan solo un escaso porcentaje del total de las mujeres en edad fértil que se encuentran trabajando se desempeña en trabajos profesionales, técnicos o gerenciales, es necesario implementar una estrategia para que esta cifra aumente. Así, es necesario incluir dentro del observatorio de mercado laboral, creado por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Protección Social, el seguimiento y la evaluación del empleo desagregado por género.

Violencia de Genero

A pesar de que la Ley 294 de 1996 le asigna a la violencia intrafamiliar el carácter de delito, la violencia contra la mujer en Colombia sigue en aumento. Según el diagnóstico de violencia intrafamiliar las mujeres colombianas siguen siendo víctimas de diversos tipos de violencia por parte de sus parejas, entre ellas las principales son: amenazas, violencia verbal, violencia física y violencia sexual. Esta situación requiere una pronta solución. Para ello se recomienda implementar políticas intersectoriales de vigilancia y atención de la violencia intrafamiliar como estrategia de salud pública, iniciando en las cinco principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga), para posteriormente continuar con las demás capitales de departamento y con los demás municipios. Igualmente, es inminente promover el desarrollo de estrategias en las comunidades e instituciones para la protección de la mujer que vive en situación de violencia y la de sus hijos. Por último, es necesario seguir haciendo uso de los módulos creados por Profamilia en 1998 para conocer la verdadera situación de la violencia contra la mujer y los niños colombianos. En este sentido, es importante promover su modificación y ampliación, para luego hacer uso de su aplicación y análisis en los diferentes departamentos y ciudades.

Participación

Aunque en el diagnóstico de equidad de género no se presentaron cifras en lo referente a los niveles de participación de las mujeres colombianas en los distintos ámbitos de decisión pública, en aras de lograr un avance significativo en el tema de equidad de género en nuestro país, es necesario hacer un seguimiento permanente de la participación política de las mujeres. Con esto se espera, abrir los espacios necesarios para lograr la meta trazada por la Ley 581 del 2000 de “incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en las diferentes ramas y órganos del poder público”.

4.1 Estrategias para mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres Colombianas

El diagnóstico del tema de Salud Sexual y Reproductiva en Colombia es bastante desalentador y es necesario empezar a atacarlo con una política integral que se fundamente en una estrategia de incremento en la cobertura de la afiliación a la seguridad social en salud de las mujeres colombianas. De esta manera, lo que se debe hacer es promover la focalización de los subsidios a las mujeres gestantes y a las mujeres en edad fértil, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. No obstante, la garantía de la protección financiera a través del seguro de salud, debe ser complementada con estrategias específicas para garantizar el acceso y la calidad.

El inicio de la vida sexual a una edad cada vez más temprana, el incremento de embarazos no deseados, el aumento del embarazo entre las adolescentes y el estancamiento del uso de métodos de planificación familiar, ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la vigilancia en salud pública en lo que se refiere al tema de la salud sexual y reproductiva. Esto se podría hacer a través del diseño e implementación de módulos estandarizados de vigilancia sobre el acceso y calidad tanto de la información como de los servicios que prestan las entidades adheridas al sistema de salud pública.

De igual forma, los indicadores negativos que se presentan en este diagnóstico, demuestran la necesidad de promover la utilización de métodos anticonceptivos, mediante la inducción de la demanda, la eliminación de las barreras de acceso y el seguimiento de su uso por parte de los servicios de salud.

Así mismo, las alarmantes cifras que reporta el embarazo adolescente se explican por la ausencia de una política intersectorial, pues como bien se establece en el diagnóstico, contrario a lo que muchos creen, solo el 15% de estas jóvenes reporta el embarazo como no deseado. Lo cual indica que hay que ir mas allá de los programas y charlas sobre educación sexual y reproductiva: el embarazo adolescente esta ligado a la pobreza, a la falta de oportunidades y de educación y, por lo tanto, debe ser atacado con una política integral. Es un fenómeno cíclico, pues se produce por todas estas razones y termina reproduciéndolas, pues muchas de estas madres adolescentes terminan incurriendo en maltrato físico hacia sus pequeños, el embarazo precoz las pone en mayor riesgo de deserción escolar, la baja educación les limita el acceso a mejores oportunidades laborales, y con ello a salarios más altos, en fin, su situación perpetua el círculo vicioso de pobreza y violencia del que muy pocas a veces pueden librarse.

Lo importante, entonces, es investigar las causas de esta problemática y, sobre todo, entender porque el embarazo es deseado entre las jóvenes. Con este fin, es necesario trabajar en torno a la creación de estrategias que involucren temas como la educación en valores, el fortalecimiento de la autoestima y de la capacidad de tolerar la frustración. De esta manera, lo que se pretende es suministrarle a las poblaciones en riesgo las herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones asertivas.

En lo que se refiere al estancamiento en el uso de métodos de planificación familiar, el diagnóstico refleja una preocupante desmejora en la calidad de las entidades suscritas al sistema nacional de salud, concretamente de las EPS y las ARS. El hecho de que solo un 8% de los métodos anticonceptivos sean suministrados por las EPS y las ARS y de que solamente una tercera parte de las usuarias de métodos modernos reportó haber recibido información sobre los efectos secundarios del método de planificación familiar prescrito, refleja la falla tanto en la información como en el suministro de los métodos anticonceptivos por parte de las aseguradoras.

Lo anterior pone en evidencia la necesidad no sólo de replantear los programas de educación sobre métodos anticonceptivos, sino que también refleja incapacidad de los médicos que trabajan en el sistema de salud pública para manejar el tema de planificación familiar. Por lo tanto, es necesario entrenar a otros profesionales, sicólogos y/o trabajadores sociales, para que complementen el trabajo y le agreguen calidad a los programas de educación sexual y reproductiva.

Finalmente, es necesario diseñar estrategias para eliminar las barreras que impiden que toda la gente tenga acceso a los programas de educación y prevención y para el suministro de os métodos de anticoncepción.

PALOMA VALENCIA LASERNA .::. Candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá D.C.

EL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO EN COLOMBIA

Resumen

Debido a que en Colombia más del 70% de la población en situación de desplazamiento forzado procede de áreas rurales, la mayoría de estas personas experimentan un flujo del campo hacia barrios populares de ciudades intermedias y grandes. Por esta razón, se deben implementar y fortalecer los programas de acción ya existentes enfocados al acompañamiento, atención, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados durante su proceso de adaptación a lo urbano. La ruptura violenta de su entorno, genera un proceso caótico y traumático tanto económica como culturalmente; estas circunstancias unidas al proceso de inserción urbana ocasionado por el destierro de esta población, hacen que se quiebren sus formas tradicionales de organización familiar, desarraiga a las personas de sus labores desmantelando así los sistemas productivos y rompe los lazos sociales establecidos hace mucho tiempo. Estos cambios intempestivos en sus relaciones sociales y culturales hacen que su proceso de adaptación a lo urbano sea conflictivo y cada vez más determinado por la marginalidad y la exclusión como elementos distintivos.

Para el caso colombiano las cifras de desplazamiento para mujeres y niños son alarmantes. Esta es una realidad que amerita analizar el fenómeno del desplazamiento en nuestro país desde una perspectiva de género. En Colombia, niñas, jóvenes y mujeres de todas las regiones y razas sufren a diario la necesidad de abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia, especialmente para indígenas y afrocolombianas el desplazamiento interno forzado no solo implica una ruptura abrupta con su entorno familiar y cultural, sino que también supone un doloroso padecimiento de discriminación étnica. Por esta razón, es preciso que tanto Estado como la Sociedad Civil se percaten de que detrás del desplazamiento de una mujer se esconden una serie de amenazas que atentan contra la estabilidad de toda la sociedad: violencia sexual, violencia de género y reclutamiento.

Así, según La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, tres de cada cuatro personas en situación de desplazamiento interno en Colombia son mujeres o niños. De esta manera, Colombia no solo enfrenta la crisis de desplazamiento interno más grave del hemisferio occidental –de sus 1098 municipios, entre 887 y 995 están afectados por el desplazamiento – sino que es el tercer país con más alto número de desplazados internos en el mundo según el US Committee for Refugees, después de Sudan, que con 4 millones de desplazados internos ocupa el primer lugar y de Angola, con 2 millones de desplazados internos.

Son imprescindibles, pues, una serie de políticas públicas diseñadas de tal forma que sean capaces de facilitar y acompañar a la población en situación de desplazamiento durante su proceso de adaptación socioeconómica a lo urbano, lo cual implica “la adopción de los imaginarios citadinos presentes en su nuevo entorno, marcados por la globalización económica, informática, delincuencial, etc., en que se encuentra inmersa la ciudad” . Se trata de un proceso complejo tanto en lo social como en lo cultural y lo psicológico, donde las personas de procedencia rural no solamente deben adquirir el estilo de vida, las formas de organización y los símbolos de la ciudad sino que también deben empezar a compartir los significados y valores que se consideran apropiados en dentro de la lógica urbana.

En este sentido, es preciso que el Gobierno Nacional trabaje en conjunto con los gobiernos municipales y locales para impulsar la implementación de programas dirigidos a facilitar el proceso de integración social de las poblaciones desplazadas con la comunidad receptora y con las organizaciones que allí adelantan actividades de orden social, psicosocial y humanitaria. Así, es necesario unir los esfuerzos para estimular la formación de grupos comunitarios que busquen tanto el beneficio de la población desplazada como de la sociedad receptora.

Por otra parte, debido a que el fenómeno del desplazamiento forzado ha propiciado un acelerado proceso de urbanización en la mayoría de las ciudades receptoras del país, las entidades gubernamentales locales y nacionales deben adelantar una política estructurada sobre asentamientos humanos y desarrollo de los servicios públicos para así establecer un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la urbanización de las ciudades receptoras. Esto podría evitar un riesgo adicional al que comúnmente se ve enfrentada la población desplazada, pues al verse obligada a migrar hacia los espacios suburbanos y periféricos de las ciudades intermedias y grandes donde no se cumplen los requisitos mínimos de calidad, vivienda y de oferta de servicios, es víctima de incendios, epidemias o inundaciones ocasionadas por las sobrecargas de energía eléctrica, por carencia de agua potable y la falta de alcantarillado.

Ahora bien, debido a que las mujeres y la población infantil son los más afectados por la crisis socioeconómica que atraviesan las personas en situación de desplazamiento forzado, es necesario crear políticas públicas específicas orientadas a asistir y proteger a estos grupos vulnerables. Dentro de la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia, las mujeres (adultas y niñas) se ven en la necesidad de restablecer la dinámica familiar como ejes de la recuperación emocional y económica de sus familias. Esto se debe a que, en un numero significativo de casos, el hombre de la casa -es decir, el marido, compañero o el padre – ha sido asesinado o reclutado por los grupos insurgentes que operan en su lugar de procedencia. En consecuencia, son ellas quienes ahora, en su condición de viudas y madres cabeza de familia, están llamadas a ser el núcleo a partir del cual se empezará a construir una nueva dinámica familiar y social.

De esta manera, el desplazamiento forzado ocasiona impactos específicos sobre la población femenina que deben ser contrarrestados con la implementación de programas de acción para atender a esta población en particular. Ante la urgencia que demanda esta situación, es necesario desarrollar políticas publicas de atención psicosocial para las mujeres en situación de desplazamiento forzado. Así mismo, debido a que en varias ocasiones la responsabilidad de sostenimiento económico y psicológico de la familia recae exclusivamente sobre las mujeres, valdría la pena diseñar una política pública enfocada en la promoción de oportunidades para las mujeres desplazadas. Esta política podría incluir procesos de capacitación y acompañamiento durante su proceso de estabilización socioeconómica, además de cobertura en salud.

En lo que se refiere ala población infantil, es preciso que el Estado colombiano tenga en cuenta las secuelas de carácter psicosocial que la experiencia del desplazamiento deja en ellos. Así, además de problemas de salud ocasionados por la desnutrición y enfermedades de todo tipo, las niñas y los niños desplazados están expuestos constantemente a la violencia urbana que se presenta en los barrios populares a los cuales llegan. Las pandillas juveniles, las milicias urbanas y los grupos de “limpieza” son algunos de los riesgos a los que se ve enfrentado este grupo poblacional. Y este riesgo se hace más preocupante si se tiene en cuenta la escasez de oportunidades educativas que enfrenta la población en situación de desplazamiento.

Según las estadísticas, menos de la mitad de la población infantil en situación de desplazamiento tiene acceso al sistema educativo formal. En muchos casos, estos niños y niñas contribuyen a través de oficios varios a la economía del hogar. Para evitar que esta situación se siga reproduciendo, se deben implementar políticas públicas orientadas a establecer y garantizar espacios educativos, culturales y recreativos para la población infantil y juvenil en situación de desplazamiento. Esto implica la creación de cupos escolares suficientes, así como la promoción del acceso gratuito a la escuela para los niños menores. Finalmente, para evitar los riesgos a los que frecuentemente están expuestos los jóvenes, las niñas y los niños desplazados, tales como la explotación, el abuso sexual, la delincuencia común y la violencia domestica, es necesario que se fortalezcan los programas de prevención, atención y protección ya existentes a favor de esta población.

INDICE

1. Contexto histórico del desplazamiento forzado en Colombia
2. Los problemas que se esconden detrás del desplazamiento forzado
3. Causas del desplazamiento en Colombia
4. Migraciones Involuntarias en Colombia: El desplazamiento forzado como resultado de la lucha de los actores armados del conflicto por el control estratégico de las regiones del país
5. Cifras del desplazamiento forzado en Colombia
6. El desplazamiento forzado en Bogotá
7. Conclusiones
8. Propuestas para el diseño de políticas publicas orientadas hacia la atención de las personas en situación de desplazamiento forzado
9. Bibliografía

1. Contexto histórico del desplazamiento forzado en Colombia

“En nuestros días, huir es revolverse sobre sí mismo, es no tener lugar de destino ni esperanza de retorno. Huir es casi morir con el espacio, con los referentes culturales, con los sueños y en el intento de sobrevivir. Huir es no llegar a ningún destino. El problema de Colombia hoy es que no tiene un lugar para los desplazados de la guerra. Quienes deciden quedarse optan por una agonía más prolongada” .

En Colombia, el desplazamiento forzado aparece como una crítica manifestación de la crisis de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que ha desatado la guerra como resultado de las constantes disputas entre los distintos actores armados por el dominio territorial y por la recomposición económica, social y demográfica en las zonas rurales y urbanas.

No obstante, el desplazamiento interno no es sólo un problema que tiene serias implicaciones en Colombia, pues según lo establecido en el informe 59° del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos de Naciones Unidas , este fenómeno sigue siendo el causante de una preocupante crisis mundial que afecta a 25 millones de personas. Y lo que es peor, la gran mayoría de estos desplazados internos son mujeres y niños que son particularmente vulnerables a la violación de sus derechos básicos.

Para el caso colombiano las cifras de desplazamiento para mujeres y niños son alarmantes. Esta es una realidad que amerita analizar el fenómeno del desplazamiento en nuestro país desde una perspectiva de género. En Colombia, niñas, jóvenes y mujeres de todas las regiones y razas sufren a diario la necesidad de abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia, especialmente para indígenas y afrocolombianas el desplazamiento interno forzado no solo implica una ruptura abrupta con su entorno familiar y cultural, sino que también supone un doloroso padecimiento de discriminación étnica. Por esta razón, es preciso que tanto Estado como la Sociedad Civil se percaten de que detrás del desplazamiento de una mujer se esconden una serie de amenazas que atentan contra la estabilidad de toda la sociedad: violencia sexual, violencia de género y reclutamiento.

Así, según La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, tres de cada cuatro personas en situación de desplazamiento interno en Colombia son mujeres o niños. De esta manera, Colombia no solo enfrenta la crisis de desplazamiento interno más grave del hemisferio occidental –de sus 1098 municipios, entre 887 y 995 están afectados por el desplazamiento – sino que es el tercer país con más alto número de desplazados internos en el mundo según el US Committee for Refugees, después de Sudan, que con 4 millones de desplazados internos ocupa el primer lugar y de Angola, con 2 millones de desplazados internos.

Durante el proceso histórico de construcción de nación de Colombia se han registrado varios desplazamientos internos forzados como resultado de la “violencia política”. Entre los más visibles se pueden contar aquellos ocurridos durante “La guerra de los Mil Días”, en el periódo comprendido entre 1899 a 1902, los que produjeron los crueles combates entre los chulavitas y cachiporros que, además de provocar la expulsión de miles de familias campesinas hacia las capitales del país, causaron la muerte de miles de personas, durante la época de “La Violencia”, correspondiente al periodo de 1948 a 1965. Finalmente, el último fenómeno de desplazamiento interno forzado aparece como causa del denominado “conflicto armado interno” que abarca la violencia ocurrida desde finales de la década de los setenta hasta la actualidad. Este conflicto se ha caracterizado no solo por la prolongada permanencia de la violencia política y por el elevado número de muertes a causa de la violencia común, sino también por el éxodo masivo de familias campesinas hacia las ciudades, que, a diferencia de otras épocas enfrentan la crisis económica más fuerte que el país haya experimentado en los últimos 70 años.

En el caso colombiano, el desplazamiento forzado ha sido consecuencia del escalamiento del conflicto armado interno. Según J. Gómez, existen dos posibles causas que pueden explicar el fenómeno del desplazamiento forzado en el marco de una confrontación armada : En primera instancia se tiene el desplazamiento deliberado, es decir, aquel que es propiciado intencionalmente por cualquiera de los actores rivales de un conflicto armado. La causas de este tipo de desplazamiento pueden ser intimidaciones físicas o amenazas verbales que pretenden impulsar la huida temporal o definitiva de la zona estratégica en pugna de determinados individuos o colectividades que se consideran “enemigas” u obstaculizadoras para el desarrollo del proyecto de dominación desplegado por el grupo armado imperante. Por otra parte, una segunda forma de desplazamiento es aquella que caracteriza la lógica de las guerras civiles, donde se cuenta con una estrategia específica que utiliza la fuerza como instrumento intimidatorio y comunicativo para obtener el control del enemigo, por parte de cualquiera de los actores en disputa. En este sentido, lo que se persigue con este tipo de estrategias es el apoyo y la lealtad de la población civil que es blanco de los ataques durante el desarrollo de la confrontación. Así, “a diferencia de otras situaciones en las que la violencia se produce de manera unilateral, la población objetivo, o bien es participe de las oportunidades o es obligada a transferir su lealtad y sus recursos al actor político rival” .

Ahora bien, esto es lo que sucede en Colombia actualmente. En el contexto del conflicto interno actual, la lucha de los actores armados ilegales por el control de las regiones estratégicas del país no solo ha intensificado la guerra y la violencia, sino que, además, los grupos insurgentes han convertido a la población civil en su objetivo principal sabiendo que sus posibilidades de triunfo están estrictamente determinadas por el éxito que tengan en el sometimiento de la población. De este modo, el conflicto armado interno que se viene librando durante los últimos cuarenta años exige una visión triangular del mismo, por cuanto no solo involucra a los grupos insurgentes que luchan entre si abiertamente, sino también a la población civil, cuyo apoyo orienta y define el rumbo de la confrontación. Por esta razón, los civiles son considerados como los ejes de gravitación del conflicto armado colombiano, pues son ellos las principales fuentes de soporte moral, económico, político y logístico para los actores en confrontación. No obstante, es imposible olvidar que su protagonismo en la lucha armada actual se basa en el hecho de que son las principales víctimas de la violencia que allí se desata. De esta manera, al no solo ser víctima sino el eje gravitacional de la confrontación armada, se empieza a tejer una amplia gama de relaciones entre núcleos sociales y grupos armados que “van desde la indiferencia o el rechazo, hasta la colaboración activa en operaciones de inteligencia o en conformación de milicias, pasando por la adaptación pasiva o el acomodamiento estratégico al orden impuesto” .

Volviendo al periodo de “La Violencia” (1948 –1965), se estima que durante este tiempo 200.000 personas perdieron la vida de manera violenta en Colombia y cerca de dos millones fueron desplazadas de sus hogares a causa de la violencia política. Sin embargo, es preciso aclarar que este periodo se divide en varias etapas: la primera violencia de carácter puramente partidista entre liberales y conservadores, que inicia con el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitàn el 9 de abril de 1948 y concluye con el Frente Nacional, el pacto de paz liberal-conservador de alternación del poder, en 1957; la segunda violencia, si bien se relaciona con la anterior, se distingue por la preeminencia de las campanas militares por parte del Estado contra las regiones del movimiento agrario comunista que actuaban en alianza con las antiguas guerrillas liberales. Como consecuencia se producen nuevas oleadas de desplazamientos forzosos masivos de poblaciones campesinas que se refugiaron en las selvas colombianas y que constituyen, hasta el día de hoy, los santuarios sociales de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Es así como nace una nueva generación de actores armados: los famosos “bandoleros” que contribuyeron a recrudecer el fenómeno de la violencia.

Así pues “cada etapa de violencia tuvo su impacto en el desplazamiento interno: la primera etapa de violencia partidista se tradujo en procesos de homogenización política de regiones enteras por medio de campanas de extermino del bando contrario, mientras que en lo económico se produjo un proceso de concentración de la tierra que daría fruto con el tiempo a la formación y/o recomposición de la gran propiedad agraria, afectada por los procesos de reforma llevados a cabo en la década de los treinta. Efectivamente, a partir de los anos 30 se inicia el tercer proceso colonizador, tanto por migrantes en general, como por parte de los desplazados, proceso que se acelera en los anos 50” .

La combinación de los ciclos de violencia mencionados, ha generado una urbanización acelerada que se expresa en la expansión desordenada de los barrios limítrofes de las capitales del país. De esta manera, a raíz de la violencia que afecto el área rural con mayor intensidad durante las décadas de los 40 y 50, el desarrollo urbano de las principales ciudades del territorio colombiano ha estado determinado en gran medida por la migración campesina. Es así como, a partir de esta época, estos centros urbanos se han ido poblando en un proceso acelerado sin precedentes sin contar con una política urbana adecuada en lo referente tanto asentamientos humanos como a la prestación de servicios públicos por parte de las entidades gubernamentales. En estas condiciones las ciudades han ido creciendo desordenadamente y con escasa planificación, pues la gran mayoría de los barrios se han empezado ha desarrollar sin cumplir con los requisitos mínimos de calidad, de vivienda y de oferta de servicios.

El acelerado proceso de urbanización - producto del asentamiento de las oleadas migratorias de desplazados internos que han producido las diferentes etapas de la violencia en nuestro país -, al no permitir un equilibrio entre el desarrollo y la urbanización, ha conducido a la expansión de las poblaciones hacia los espacios suburbanos que vienen creciendo mas rápido que el resto del área urbana, agudizando así una serie de problemas tales como la pobreza, la violencia juvenil, el desempleo y subempleo y la contaminación ambiental, entre otros.

La alta concentración de las migraciones en las zonas periféricas de las ciudades hace que exista el riesgo de que la densidad de la población en las áreas receptoras se incremente a tal punto que se haga insostenible su capacidad “de carga” de la tierra, lo que conlleva no solo a que se hagan cada vez más escasos los recursos naturales disponibles tanto para los residentes como para los recién llegados, sino también a que se deteriore la infraestructura de los servicios públicos. Así, la ausencia de una política estatal efectiva en la asistencia a la población receptora ha conllevado a que se generen conflictos entre los migrantes y la población receptora, agravando así los problemas socioeconómicos propios de las zonas e intensificando el espiral de violencia al expandirlo por toda la geografía del país.

Ahora bien, en los procesos de transición demográfica y las migraciones del campo a la ciudad que implican los diversos desplazamientos internos que ocurren a diario en nuestro país, las personas de procedencia rural deben adaptarse a cambios sociales guiados por una lógica urbana en donde deben adquirir las características, el modo de vida, los símbolos, las formas de organización de la ciudad, al igual que deben compartir los significados, las escalas de valores y perspectivas que se consideran adecuadas en la urbe. Se trata, pues, de un proceso social, cultural y psicológico. El desplazamiento forzado genera una ruptura abrupta con el entorno cultural y familiar, pues en la mayoría de los casos los desplazados experimentan una reubicación del campo al sector urbano. De las veredas hacia barrios populares de ciudades intermedias y grandes.

En este sentido, el crecimiento atípico de la población de los municipios receptores, los cambios drásticos en la configuración social y demográfica de la cuarta parte de los municipios del país, así como una alarmante desintegración de los grupos étnicos, son solo algunos de los problemas que ha desencadenado el desplazamiento forzado en Colombia en los últimos 15 años.

Finalmente, por su naturaleza, los desplazamientos internos son siempre asumidos como un proceso caótico e intensamente doloroso tanto económica como culturalmente; desequilibra los sistemas productivos, rompe el tejido social y desestabiliza las comunidades humanas. Así, “al desorganizar los sistemas productivos, crea un alto riesgo de empobrecimiento crónico y empuja a grupos de personas a una condición mas degradada, que puede ser transitoria o permanente, del mismo modo que esta asociada a incrementos en la angustia psicológica y sociocultural y a incrementos en las tasas de morbilidad y mortalidad” .

2- Los problemas que se esconden detrás del desplazamiento forzado

Aunque las personas que sufren el desplazamiento forzado parecieran no tener rostro, pues frecuentemente se confunden con los múltiples flujos de emigrantes que luchan por subsistir en medio del caos de la guerra, los desplazados tienen un rostro bien definido. Es un rostro conformado por caras diversas de niños, jóvenes, ancianos y adultos: mujeres y hombres de diferentes edades y regiones de Colombia. Todos ellos víctimas directas de las consecuencias del conflicto armado interno, de la miseria, de la barbarie y de la indiferencia del resto de la sociedad civil, pero sobre todo, de la ineficacia de las políticas publicas para tratar su situación.

Gestionar políticas públicas que busquen una solución a la urgencia que demanda el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia amerita una visión integral, pues en el desplazamiento se concentran otros problemas que deben ser abordados con una política multisectorial. Entre estos problemas se destacan los siguientes:

1. Pobreza
2. Discriminación étnica
3. Ubicación social de la mujer en desventaja
4. Diferencias socio-económicas entre el sector urbano y rural
5. Escasa protección estatal a la población infantil
6. Violencia Política

Así pues, es preciso que el Estado ponga un mayor empeño en el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas a través del compromiso con diversos tratados internacionales de Derechos Humanos. Estas obligaciones instan al Estado a respetar, proteger y promover los Derechos Humanos de la población en situación de desplazamiento ubicada en las zonas periféricas de las ciudades intermedias y grandes del país.

De igual forma, es preciso que se implementen y se fortalezcan los programas de acción que ya existen para abordar a las poblaciones más vulnerables, especialmente en lo que se refiere a la equidad de oportunidades para las mujeres, la creación de políticas educativas, culturales y recreativas para los jóvenes, la instauración de programas de salud nutricional para los niños y las niñas de tal forma que puedan acceder a ellos de forma gratuita y la promoción de campanas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el acceso a cedulación y registro civil de toda la población en situación de desplazamiento de todo el país.

Solo si se logra avanzar en estos puntos, el Estado podrá encaminarse en la anhelada reparación de los danos causados a las victimas por la violación de sus derechos humanos. Por esto, es preciso que el Estado tenga en cuenta los problemas más comunes que enfrentan las personas en situación de desplazamiento. A continuación se reseñarán los siete más relevantes :

1. Dificultad para encontrar trabajo: Los desplazados no solo deben abandonar sus hogares y romper con todos los nexos familiares y culturales que estos les brindaban, además deben enfrentarse ingeniárselas para sobrevivir en el nuevo mundo urbano en donde, por lo general, deben enfrentarse a un mercado laboral bastante competitivo que no les permite poner en practica sus conocimientos y habilidades y por ende acceder a oficios más cualificados y mejor remunerados. Asimismo, las altas tasas de desempleo - característica típica de las ciudades receptoras- se les presentan como un grave obstáculo que se vuelve casi insuperable si se tienen en cuenta las condiciones macro-económicas desfavorables que también hacen parte de la cotidianidad de la vida en las grandes ciudades del país.
2. Dificultad en el acceso a vivienda: Según las investigaciones recientes, la gran mayoría de las personas que son victimas del desplazamiento forzado en Colombia, llegan a las ciudades receptoras a alojarse en casas de parientes, amigos o conocidos. De esta manera, son muy pocos los desplazados que reportan no haber llegado a sectores suburbanos y de estratos bajos, con altos niveles de delincuencia común, contaminación, escasa prestación de servicios públicos, etc.
3. Problemas de alimentación: Debido a que los deslazados se caracterizan por ser personas que sufren una reubicación forzada del sector rural al sector urbano, es obvio que sus hábitos alimenticios sufren un cambio drástico con esta transición. El acceso a verduras y frutas que tenían a diario en el campo ya no es el mismo, pues la inversión económica que se debe hacer en la ciudad para obtener dichos alimentos es muy alto, lo que conlleva a una deficiente dieta diaria.
4. Problemas de salud: Los cambios en la alimentación, así como los cambios de clima a los cuales se ven expuestos las personas que se ven en la necesidad de desplazarse tienen un efecto nocivo para su salud. Además, si se le suma a esto la precariedad económica con la que llegan estas personas a las ciudades receptoras para afrontar sus gastos, aun los mas mínimos, es comprensible que no cuenten con el dinero suficiente para pagar ni las consultas medicas ni las medicinas en caso de ser necesarias, lo que conlleva a que la salud se deteriore.
5. La indocumentación: Frecuentemente, los desplazados son personas que tienen que huir de sus tierras. En un número significativo de casos, las personas no tienen ni siquiera tiempo de empacar con cuidado sus cosas: solo tienen tiempo para irse. También por razones de robo, registros quemados y falta de información, muchos desplazados carecen de documentos legales que respalden su identidad. Esto se ha convertido en un grave problema tanto para los afectados como para el Estado, pues la actual situación de indocumentación masiva en el país se ha convertido en un inconveniente para acceder a empleos, obtener subsidios del Estado y seguridad social, entre otros.
6. El choque cultural: Al experimentar un flujo del sector rural al sector urbano, reubicándose así en los barrios populares de las ciudades intermedias y grandes del país, los desplazados por la violencia en Colombia sufren una serie de cambios sociales drásticos que están determinados por una lógica urbana. Entre estos cambios se encuentran nuevas formas de organización, nuevos patrones de consumo y símbolos, estilos de vida y significados de la ciudad que deben adquirir como parte de su proceso de adaptación a su nuevo lugar de residencia.
7. La estigmatización: Debido a que provienen de zonas “rojas”: territorios del país donde operan cotidianamente actores armados y el conflicto armado es más fuerte, los desplazados son estigmatizados tanto por la población de la ciudad receptora como por sus autoridades. Así mismo, como en la mayoría de los casos los desplazados llegan a barrios de estratos bajos, donde la delincuencia común es muy alta y los recursos naturales son escasos, muchas veces son rechazados por las poblaciones receptoras que ven en ellos a “invasores” que vienen a quitarles lo poquito que tienen.

Finalmente, es preciso aclarar que el listado anterior no solo hace referencia a los problemas más comunes que enfrentan las personas en situación de desplazamiento en Colombia, pues estos mismos problemas también se nutren de dicha problemática haciendo del desplazamiento forzado uno de los principales factores de agudización de la crisis que ha desembocado el conflicto armado.

3-Causas del desplazamiento en Colombia

“Los desplazamientos son consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo”. (ACNUR)

Generalmente, las razones de los desplazamientos forzados corresponden a causas políticas reflejadas en persecuciones de diferente orden ya sean de tipo religioso, ideológico, militar, etc. Ahora bien, en Colombia el desplazamiento forzado se presenta como la más evidente manifestación de irrespeto sistemático por parte de los diferentes actores armados, tanto de guerrillas como de paramilitares, al Derecho Internacional Humanitario.

Según el último Informe Defensorial, el desplazamiento masivo de poblaciones campesinas es el resultado de la combinación de múltiples estrategias que están siendo empleadas por los grupos insurgentes en el país para convertir a la población civil en el objetivo principal de su lucha por el control de las regiones estratégicas del territorio colombiano: la sociedad civil se ha convertido, así, en el blanco de las acciones de los grupos guerrilleros y de autodefensa. El homicidio selectivo o colectivo (masacres), los bloqueos económicos, las amenazas y los ataques a veredas enteras se presentan como las principales causas que reportan los desplazados para huir de sus hogares.

No obstante, el conflicto armado es la causa del 90% del total de los desplazamientos internos forzados, que se producen de manera individual y familiar en un 62% y de manera colectiva o en éxodo en un 35%. Asimismo, los paramilitares fueros señalados como presuntos responsables por el 43% de la población desplazada, la guerrilla por el 35%, las Fuerzas Militares por el 6% y desconocidos por el 15% de la población.

Así pues, según la Defensoría del Pueblo y la Red de Solidaridad Social el desplazamiento forzado puede tener como explicación las siguientes causas:

1. Amenazas generalizadas
2. Enfrentamientos armados
3. Desapariciones
4. Masacres
5. Amenazas específicas
6. Imperio del miedo
7. Toma de poblaciones
8. Ataques indiscriminados

Finalmente, vale la pena tener en cuenta que el negocio del narcotráfico también propicia el desplazamiento forzado, pues el control sobre el cultivo y la comercialización de la hoja de coca tienden ha generar conflictos violentos que resultan en el desplazamiento de alguna de las partes involucradas.

4- Migraciones Involuntarias en Colombia: el desplazamiento forzado como resultado de la lucha de los actores armados del conflicto por el control estratégico de las regiones del país

Durante los últimos meses del segundo semestre del 2005, Colombia se aprestó a realizar un nuevo censo de población. Para tal efecto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE incorporó algunos indicadores que dieron cuenta de la crónica y prolongada tragedia humanitaria que vive nuestro país a la sombra del conflicto armado interno: el desplazamiento forzado. Mientras tanto, ante la omnipresencia de la guerra el tejido social de la nación se construye (¿o se destruye?) en medio de una reubicación caótica de la población a lo largo y ancho de su geografía; un proceso social y demográfico fragmentado y caracterizado por un fuerte componente de violencia, en el que se destacan las formas y mecanismos de subordinación o dominación que alimentan la espiral del odio y la venganza que generación tras generación ha caracterizado la lógica centrípeta de la guerra en Colombia.

Así, la crisis estructural del campo, los modelos de desarrollo aperturistas, las crisis sociales originadas por desastres naturales y, por supuesto, la violencia, aparecen como las razones principales del inmenso flujo migratorio colombiano en el que se confunden tres grandes tipos de emigrantes, a razón de la causa que genera el desplazamiento :

Emigrantes por causas socio-económicas: Aquellas migraciones causadas por el deterioro de las condiciones económicas o de producción, especialmente agrícolas, en las regiones de origen de las poblaciones y, por consiguiente, por la ausencia de los medios necesarios para la subsistencia.

Emigrantes por desastres naturales: Migraciones originadas por deslizamientos, inundaciones, avalanchas, etc.

Emigrantes por razones políticas: Aquellas personas que se ven obligadas a migrar en razón de los procesos políticos que viven de sus países de origen, especialmente por conflictos violentos.

De esta manera, es importante aclarar que, en su mayoría, el flujo de emigrantes de nuestro país esta compuesto por desplazados por la violencia en cuyo rostro se dibujan las imágenes de: “trabajadores temporales, colonos, trabajadores de cultivos ilícitos y, cada vez más, pueblos indígenas y comunidades negras que han sido desarraigadas de su entorno socioeconómico y cultural en medio de traumáticos ciclos de expulsión y reasentamiento que ponen en peligro su propia existencia” .

A su vez, en lo que se refiere a los emigrantes por razones políticas podemos distinguir tres tipos:

Asilados: Es el amparo que un Estado le presta a una persona que, en su condición de perseguido político, solicita para quedar exento de un proceso judicial o un posible encarcelamiento.

Refugiados: Personas que, por sucesos que alteran gravemente el orden publico en una parte o en todo el país de su origen, traspasan las fronteras nacionales en busca de la seguridad y protección que su país no les brinda.

Desplazados: Según la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas, es objeto de desplazamiento forzado “toda persona que se ha visto forzada a migrar del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal ha sido vulnerada o se encuentra directamente amenazada con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden publico” .

A la luz de esta definición, es posible diferenciar el desplazamiento forzado de otras dinámicas migratorias que han sido importantes en la historia de Colombia. A diferencia de tales dinámicas de flujo poblacional, el desplazamiento forzado, como lo expone claramente la definición citada –la cual, además, ha sido acogida por la legislación colombiana a través del articulo 1 de la Ley 387 de 1997-, encuentra su particularidad en dos elementos conceptuales claves: En primer lugar, el término de desplazado supone un flujo demográfico de naturaleza interna; es decir, a diferencia de la acepción de refugiado o asilado, el término de desplazado no supone el traspaso de las fronteras nacionales por partes de individuos o colectividades, sino una reubicación geográfica dentro del mismo territorio nacional. Y en segundo termino, el concepto de desplazamiento forzado alude necesariamente a la situación en la cual la persona que toma la decisión de abandonar su hogar lo hace en reacción a una amenaza violenta –y no por factores ambientales o económicos- que ha vulnerado o ponen en riesgo su vida, sus libertades o su integridad física. Por esta razón, al tipo de desplazamiento que ocurre con mayor frecuencia en Colombia se le atribuye el adjetivo de forzado, pues dentro de este fenómeno la simple voluntad de migración no constituye una causa explicativa suficiente.

Así mismo, dentro de los desplazamientos internos se pueden destacar tres escenarios de desplazamiento:

Desplazamiento intrarregional: Situación en la que ocurre una movilidad hacia territorios cercanos o anexos, donde la concentración dela población es mayor. Aquí el objetivo es convertirse en un miembro mas de una comunidad fuerte y así hacerse menos vulnerable a los ataques o amenazas.

Desplazamiento extraregional: Implica una movilidad hacia las ciudades capitales de los departamentos, lo cual conlleva a un mayor desarraigo y choques culturales más severos.

Confinamiento en zonas rurales: Situación inusual en la que la población se aglomera en pequeños campamentos para preservar sus vidas. Ante la violencia subversiva y el miedo, los pobladores procuran protegerse entre sí, incluso ante la imposibilidad de salir de la región.

Por otra parte, según lo acordado en el decreto 256 del 12 de diciembre del 2000, se considera desplazamiento masivo cuando diez familias, o, mas de cincuenta personas se desplazan en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar: situación en la que los comités municipales, departamentales y/o distritales son convocados para ejecutar planes de atención a la población desplazada.

Finalmente, en la actualidad, el fenómeno del desplazamiento masivo ha ido adquiriendo connotaciones cada vez más dramáticas, tanto por la cantidad de sus víctimas como por la barbarie de la violencia que lo caracteriza. Además, la conjugación de migrantes económicos, de damnificados y de desplazados por la violencia política ha contribuido a que estos últimos queden invisibilizados ante el Estado y la sociedad civil.

5-Cifras del desplazamiento forzado en Colombia

A pesar de que existen entidades especializadas en la recolección de información y el desarrollo de estadísticas sobre el desplazamiento forzado en Colombia, cada vez es más evidente la confusión en el manejo de las cifras sobre el número de desplazados que tiene el país. Por esta razón, el Informe Nacional de Desarrollo Humano del 2003 (INDH), auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia Sueca de Cooperación, se enfocó en el capítulo octavo tanto en el estudio como en el análisis de este fenómeno partiendo de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuántos son los desplazados por el conflicto armado en el país?. De esta manera, en el Informe se argumenta que más allá de las cifras, las alarmantes cifras del desplazamiento forzado en Colombia deben inspirar serias discusiones sobre las obligaciones que tiene el Estado para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las víctimas de este delito y el desarrollo de políticas públicas y planes de acción integrales para proteger a la población más vulnerable, es decir los niños y las mujeres.

Según el informe del Comité de Estados Unidos para los Refugiados (USCR) divulgado en mayo del 2003, en el mundo hay cerca de 21.8 millones de desplazados internos, de los cuales 12% son colombianos. Así mismo, a esta cifra se le suman aproximadamente otros 100.000 colombianos que traspasaron las fronteras nacionales en busca de la protección y seguridad que el país no les brindo como refugiados o asilados políticos.

Ante la contundencia de estas cifras, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha asegurado que Colombia enfrenta la crisis de desplazamiento interno más grave del hemisferio occidental, y la tercera de todo el mundo, después del Congo y Sudan.

Así pues, según un informe divulgado por la oficina de las Naciones Unidas en Bogotá en junio del 2004, 36.910 colombianos han sido recibidos en condición de refugiados en 24 países de todo el mundo. De estas 36.910 personas, un total aproximado de 13 mil –según información emitida por la Consultoría de Derechos Humanos y el Desplazamiento- solicitaron oficialmente refugio en Ecuador (10.086) y Venezuela (2.386), de los cuales solamente 1.151 permisos fueron reconocidos. Vale la pena resaltar que para el caso de Ecuador, esta cifra fue 36 veces mayor a aquella registrada para el año anterior, es decir es una cifra que va en aumento con el devenir del tiempo. En este sentido, en los últimos tres años y como consecuencia del conflicto armado interno, cerca de 21 mil colombianos se han reportado como solicitantes del estatus de refugiados en Ecuador.

Por otra parte, en el último año, diversas investigaciones han demostrado que aproximadamente el 89% del territorio nacional se encuentra afectado por el desplazamiento forzado. La lucha de los actores armados ilegales por el control de las regiones estratégicas del país no solo ha propiciado el desplazamiento de la población civil que habita en estos territorios sino que además ha incrementado el crecimiento atípico de la población en los municipios receptores. Así, fuentes oficiales del gobierno calculan que el número total de personas desplazadas entre 1985 y el 2003 es de más de 3 millones 100 mil personas.

Según ACNUR, mientras entre el 2002 y el 2003 se registraron más de un millón de personas en situación de desplazamiento, durante el primer semestre del 2005 se registraron – en promedio - 848 casos diarios de desplazamiento forzado. Lo cual conlleva a un total aproximado de 153.463 víctimas de este delito durante el primer semestre del 2005. Igualmente, CODHES registró a 91.467 personas de aproximadamente 18.293 hogares que habían sido afectadas por el desplazamiento forzado.

El mayor impacto de este delito recae sobre las personas pertenecientes a minorías étnicas. Según las estadísticas, mientras cuatro de cada diez desplazados en Colombia, es decir el 33%, pertenecen a grupos étnicos afrocolombianos, 5% del total nacional corresponde a comunidades indígenas.

En lo que se refiere a la libertad de circulación y de residencia, el último Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destaca una leve mejoría a nivel nacional para el fenómeno del desplazamiento forzado, en comparación con el año anterior. Sin embargo, el informe hace énfasis en las cifras preocupantes que siguen registrando los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca y Cesar.

Lo anterior se relaciona con la reducción en el nivel nacional de desplazados que se registró en el 2003, donde la principal reducción se presento en el Choco, Cesar, Magdalena, Córdoba y Sucre. También vale la pena aclarar que durante el 2003 el desplazamiento interno se disparó en aquellas zonas donde se concentraron las fumigaciones con glisfosfato para erradicar los cultivos ilícitos en el marco del Plan Colombia. En departamentos como Guainía, Caquetá, Valle del Cauca, Guaviare, Putumayo, Vaupes y Amazonas, entonces, el desplazamiento incremento. Así, un total de 27.044 personas provenientes de zonas en las cuales se realizaron fumigaciones de cultivos ilícitos fueron reportadas como desplazadas durante el 2003.

El desplazamiento forzado como resultado de las fumigaciones en las zonas donde se concentran los cultivos ilícitos es un serio problema en la actualidad. Durante el último mes del 2005, algunas organizaciones civiles afirmaron que la militarización de los departamentos del sur del país y las fumigaciones de cultivos ilícitos con glisfosfato se han convertido en la causa principal de desplazamiento forzado en los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa en el departamento del Meta y Calamar en el Guaviare.

Adicionalmente, diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado la existencia de denuncias por daños a cultivos y a la salud de los campesinos que rodean las zonas fumigadas. En especial, por la presencia de cultivos mixtos y la cercanía de los cultivos ilícitos con los cultivos de pancoger hacen que muchas familias vean afectadas su precaria subsistencia bajo las fumigaciones. Del mismo modo algunos campesinos denuncian problemas cutáneos ocasionados por la mezcla del herbicida.

Ahora bien, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, indicó que el Gobierno Nacional destinó durante el 2005 la suma de 428 mil millones para atender a la población desplazada y que para este año la cifra se duplicará a 823 mil millones. Así mismo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó 5.1 billones de pesos para ser destinados a la población desplazada para el periódo entre el 2005 y el 2010.

Finalmente, a pesar del beneficio que pueden generar estas cifras en la asistencia de la población en situación de desplazamiento, es preciso que el gobierno empiece a afrontar este fenómeno con más políticas de construcción y nuevos planes de renovación tal y como hemos afirmado en nuestra propuesta.

6-El desplazamiento forzado en Bogotá

Al igual que sucede con la mayoría de ciudades y municipios nacionales, todavía no hay claridad frente al número de desplazados que habitan Bogotá en la actualidad. Así, mientras la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, y la Arquidiócesis de Bogotá calculan que entre 1999 y junio del 2004 llegaron a Bogotá alrededor de 1 millón de personas, la Red de Solidaridad Social y el Registro Único de Población Desplazada aseguran que la cifra para dicho periódo es de 87.154.

A pesar de la incongruencia entre las cifras mencionadas anteriormente, lo que si se conoce con certeza es que Bogotá es una de las seis ciudades del país a donde más desplazados llegan, pues el 35% de los desplazados internos de Colombia están en Bogotá. La mayoría de estas personas provienen del Meta, Tolima, Cundinamarca y Caquetá. Así mismo, las localidades de la capital a donde llega el mayor número de personas en situación de desplazamiento son Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Suba, San Cristóbal, Engativá y Kennedy.

En lo que se refiere a la situación de vivienda de los desplazados de la capital del país, el 43% de las familias reporta vivir en una pieza de alquiler, el 40% en apartamentos o casas arrendadas y el 17% restante viven en casas de parientes o familiares.

Por otra parte, el hecho de que entre 1999 y julio del 2004 se hayan vinculado 15.147 niños y niñas al sistema educativo pero 15 mil se hayan quedado sin cupo, pone en evidencia la ineficiencia tanto en cobertura como en calidad de la educación formal del Distrito Capital a la que deben enfrentarse las personas en situación de desplazamiento que viven en Bogotá.

Así mismo, vale la pena mencionar que el 80% de las familias desplazadas que habitan en Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Kennedy y Engativa – localidades donde se concentran el mayor número de desplazados de la capital- no pertenecen a ningún régimen de seguridad social.

En cuanto a los planes de retorno de las personas desplazadas que llegan a Bogotá, el Secretario de Gobierno del Distrito, Juan Manuel Ospina, afirmó durante la Audiencia Defensorial “El desplazamiento forzado en Bogotá: Retos y perspectivas” que tan sólo el 20% de los desplazados de Bogotá piensan en el retorno, mientras que el 60 % prefiere radicarse en la ciudad –el 20% restante no sabe o no responde. Estas cifras han llevado a que la Secretaria de Gobierno del Distrito cuestione la política de retorno propuesta por el Gobierno Nacional, pues no sólo la población afectada demuestra un claro desinterés en la propuesta, sino que además, según una evaluación realizada por La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, una proporción muy alta de los miembros de las comunidades evaluadas que retornaron tuvieron que volver a desplazarse o están en riesgo de ser obligados a hacerlo.

Por esta razón, la Secretaria de Gobierno Distrital ha afirmado que su Plan Distrital Integral de Atención a la Población Desplazada se concentrará en la promoción de alternativas de integración dentro de las localidades receptoras, mientras que el Estado busca garantizar llevar a cabo una política de retorno que se cumpla en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad. Así, según el Secretario Distrital, lo que se pretende con este Plan es “dar una respuesta eficaz a todas las necesidades de esta población para lograr recuperar sus derechos y condiciones de vida digna y normal. Por lo tanto, hay que crear dinámicas entre el gobierno nacional y distrital para que las personas en condición de desplazamiento dejen de serlo”. Entre las dinámicas planteadas en el Plan Distrital se distinguen tres grandes estrategias centradas en la Prevención y la Protección de la población desplazada: atención humanitaria, desarrollo económico local, gestión humanitaria social y vivienda.

Finalmente, debido a que el desplazamiento forzado se ha convertido en una de las problemáticas de mayor incidencia en la configuración de la situación de violencia que vive Bogotá hoy, es preciso que el Distrito no solo trabaje en conjunto con el gobierno nacional, pues la situación de crisis humanitaria que sufre la capital del país demanda con urgencia una pronta y concisa solución basada en la construcción de una infraestructura institucional incluyente que tenga la capacidad de diseñar y ejecutar proyectos de generación de ingresos, recuperación psicosocial, atención en salud y educación, desarrollo de infraestructura social y organización y fortalecimiento de las localidades receptoras.

7-Conclusiones

La revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema del desplazamiento forzado en Colombia refleja la existencia de una gran concentración de textos que estudian fenómenos sociales que se desprenden de la ocurrencia de éxodos forzados. En este sentido, es significativo el número de investigaciones y bibliografía académica que, desde distintas disciplinas, han indagado por la naturaleza del impacto que el fenómeno del desplazamiento tiene sobre ciertos grupos poblacionales en términos de rupturas de viejos vínculos de solidaridad, quebrantamiento de identidades colectivas, diseño e implementación de estrategias de atención y protección enfocadas hacia la adaptación psicosocial de los grupos más vulnerables –mujeres y niños, especialmente-, etc. Igualmente, son abundantes los estudios que evalúan las políticas públicas diseñadas por el Estado colombiano y enfocadas en la Prevención y la Protección de la población en situación de desplazamiento.

Si bien la contribución de estos estudios ha sido bastante significativa en el desarrollo de programas de acción para atender a la población desplazada de todo el país, es importante constatar aquí que existe una evidente prevalencia otorgada a las consecuencias del desplazamiento forzado en Colombia –es decir, tanto a las repercusiones que genera el impacto del éxodo sobre la población civil, como al tipo de respuestas que actores estatales y no estatales le dan a dicha problemática- en comparación con la atención que se le presta a las causas de dichas migraciones forzadas, sobre todo si se tiene en cuenta que el desplazamiento forzado no necesariamente es una consecuencia directa de la presencia de actores armados o de la violación –por parte de estos- a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

Así pues, es preciso concentrar más esfuerzos en el desarrollo de estudios e investigaciones que, desde una aproximación exploratoria, interpreten el desplazamiento forzado como una variable dependiente y precedida causalmente por una serie de dinámicas especificas y propias a las interacciones, lógicas y proyectos de dominación que pretenden adelantar los actores armados involucrados en el conflicto armado interno. Solo de esta manera, será posible comprender la naturaleza de la cadena de acontecimientos que, concatenados entre sí a modo de sucesivas causas y consecuencias, precede el flujo de migración forzado en Colombia. Vale la pena resaltar la importancia de esta afirmación, pues solo así resultará posible volcar la atención tanto del Estado como de la sociedad civil a los hechos que conllevan al desplazamiento e implementar las medidas necesarias para su prevención en todas las regiones del país.

Ahora bien, cuando se estudia con detenimiento las causas del desplazamiento forzado en Colombia, se pone en evidencia el hecho de que este no es un fenómeno que necesariamente se da de modos iguales en todas las regiones afectadas por el conflicto armado. Por lo cual, es preciso observar con más cautela las lógicas que han determinado las dinámicas del conflicto armado y las acciones de sus actores en las distintas regiones del país. Es preciso, entonces, ir más allá de la constatación en la coincidencia entre los mapas de la confrontación y de aquellos otros que identifican los focos del desplazamiento forzado en el territorio colombiano; la explicación del tipo de dinámicas que dan origen al fenómeno del desplazamiento forzado tiene que basarse en el estudio de las cronologías y variaciones espaciales de la guerra, así como en la interpretación de las lógicas de confrontación y dominación que utilizan los actores armados involucrados.

En esta medida, las políticas públicas para la prevención del desplazamiento forzado en Colombia deben diseñarse teniendo en cuenta la posibilidad de una relación causal entre el fenómeno del desplazamiento forzado en una determinada zona del país con la evolución del conflicto armado en la misma, entendiendo por tal evolución las variaciones tanto de la presencia territorial de los actores armados como de la intensidad de sus acciones. De esta manera, los programas de acción para la prevención del desplazamiento forzado deben sustentarse en la evolución estadística del desplazamiento forzado en las distintas regiones del país para así explicar como las relaciones entre desplazamiento forzado y conflicto armado asumen valores subregionales y municipales diferentes, por cuanto la evolución de la guerra presenta trayectorias disímiles y motivaciones geopolíticas distintas para cada espacio geográfico.

Finalmente, debido a que el desplazamiento forzado tiene entre sus causas explicativas el establecimiento de una relación entre la población civil y los grupos armados basada en el uso de estrategias de dominación mediante la violencia y el miedo - por parte de los actores del conflicto- como recursos clave para someter a la población y así alcanzar el control de las regiones estratégicas que se están luchando en la confrontación, es preciso que las políticas publicas orientadas a la prevención del desplazamiento forzado tengan en cuenta los tipos específicos de relación entre grupos armados y población civil que en cada zona particular hacen más proclive a las comunidades de ser expulsadas de su lugar de residencia.

8-Propuestas para el diseño de políticas públicas orientadas hacia la atención de las personas en situación de desplazamiento forzado

Debido a que en Colombia más del 70% de la población en situación de desplazamiento forzado procede de áreas rurales, la mayoría de estas personas experimentan un flujo del campo hacia barrios populares de ciudades intermedias y grandes. Por esta razón, se deben implementar y fortalecer los programas de acción ya existentes enfocados al acompañamiento, atención, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados durante su proceso de adaptación a lo urbano. La ruptura violenta de su entorno, genera un proceso caótico y traumático tanto económica como culturalmente; estas circunstancias unidas al proceso de inserción urbana ocasionado por el destierro de esta población, hacen que se quiebren sus formas tradicionales de organización familiar, desarraiga a las personas de sus labores desmantelando así los sistemas productivos y rompe los lazos sociales establecidos hace mucho tiempo. Estos cambios intempestivos en sus relaciones sociales y culturales hacen que su proceso de adaptación a lo urbano sea conflictivo y cada vez más determinado por la marginalidad y la exclusión como elementos distintivos.

Son imprescindibles, pues, una serie de políticas públicas diseñadas de tal forma que sean capaces de facilitar y acompañar a la población en situación de desplazamiento durante su proceso de adaptación socioeconómica a lo urbano, lo cual implica “la adopción de los imaginarios citadinos presentes en su nuevo entorno, marcados por la globalización económica, informática, delincuencial, etc., en que se encuentra inmersa la ciudad” . Se trata de un proceso complejo tanto en lo social como en lo cultural y lo psicológico, donde las personas de procedencia rural no solamente deben adquirir el estilo de vida, las formas de organización y los símbolos de la ciudad sino que también deben empezar a compartir los significados y valores que se consideran apropiados en dentro de la lógica urbana.

En este sentido, es preciso que el Gobierno Nacional trabaje en conjunto con los gobiernos municipales y locales para impulsar la implementación de programas dirigidos a facilitar el proceso de integración social de las poblaciones desplazadas con la comunidad receptora y con las organizaciones que allí adelantan actividades de orden social, psicosocial y humanitaria. Así, es necesario unir los esfuerzos para estimular la formación de grupos comunitarios que busquen tanto el beneficio de la población desplazada como de la sociedad receptora.

Por otra parte, debido a que el fenómeno del desplazamiento forzado ha propiciado un acelerado proceso de urbanización en la mayoría de las ciudades receptoras del país, las entidades gubernamentales locales y nacionales deben adelantar una política estructurada sobre asentamientos humanos y desarrollo de los servicios públicos para así establecer un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la urbanización de las ciudades receptoras. Esto podría evitar un riesgo adicional al que comúnmente se ve enfrentada la población desplazada, pues al verse obligada a migrar hacia los espacios suburbanos y periféricos de las ciudades intermedias y grandes donde no se cumplen los requisitos mínimos de calidad, vivienda y de oferta de servicios, es víctima de incendios, epidemias o inundaciones ocasionadas por las sobrecargas de energía eléctrica, por carencia de agua potable y la falta de alcantarillado.

Ahora bien, debido a que las mujeres y la población infantil son los más afectados por la crisis socioeconómica que atraviesan las personas en situación de desplazamiento forzado, es necesario crear políticas públicas específicas orientadas a asistir y proteger a estos grupos vulnerables.

Dentro de la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia, las mujeres (adultas y niñas) se ven en la necesidad de restablecer la dinámica familiar como ejes de la recuperación emocional y económica de sus familias. Esto se debe a que, en un número significativo de casos, el hombre de la casa -es decir, el marido, compañero o el padre – ha sido asesinado o reclutado por los grupos insurgentes que operan en su lugar de procedencia. En consecuencia, son ellas quienes ahora, en su condición de viudas y madres cabeza de familia, están llamadas a ser el núcleo a partir del cual se empezará a construir una nueva dinámica familiar y social.

De esta manera, el desplazamiento forzado ocasiona impactos específicos sobre la población femenina que deben ser contrarrestados con la implementación de programas de acción para atender a esta población en particular. Ante la urgencia que demanda esta situación, es necesario desarrollar políticas públicas de atención psicosocial para las mujeres en situación de desplazamiento forzado. Así mismo, debido a que en varias ocasiones la responsabilidad de sostenimiento económico y psicológico de la familia recae exclusivamente sobre las mujeres, valdría la pena diseñar una política pública enfocada en la promoción de oportunidades para las mujeres desplazadas. Esta política podría incluir procesos de capacitación y acompañamiento durante su proceso de estabilización socioeconómica, además de cobertura en salud.

En lo que se refiere ala población infantil, es preciso que el Estado colombiano tenga en cuenta las secuelas de carácter psicosocial que la experiencia del desplazamiento deja en ellos. Así, además de problemas de salud ocasionados por la desnutrición y enfermedades de todo tipo, las niñas y los niños desplazados están expuestos constantemente a la violencia urbana que se presenta en los barrios populares a los cuales llegan. Las pandillas juveniles, las milicias urbanas y los grupos de “limpieza” son algunos de los riesgos a los que se ve enfrentado este grupo poblacional. Y este riesgo se hace más preocupante si se tiene en cuenta la escasez de oportunidades educativas que enfrenta la oblación en situación de desplazamiento.

Según las estadísticas, menos de la mitad de la población infantil en situación de desplazamiento tiene acceso al sistema educativo formal. Esto indica que una gran parte de la población escolar desplazada se dedica a actividades diferentes a la escolar. En muchos casos, estos niños y niñas contribuyen a través de oficios varios a la economía del hogar. Para evitar que esta situación se siga reproduciendo, se deben implementar políticas públicas orientadas a establecer y garantizar espacios educativos, culturales y recreativos para la población infantil y juvenil en situación de desplazamiento. Esto implica la creación de cupos escolares suficientes, así como la promoción del acceso gratuito a la escuela para los niños menores. Finalmente, para evitar los riesgos a los que frecuentemente están expuestos los jóvenes, las niñas y los niños desplazados, tales como la explotación, el abuso sexual, la delincuencia común y la violencia domestica, es necesario que se fortalezcan los programas de prevención, atención y protección ya existentes a favor de esta población.

BIBLIOGRAFIA

Boletín Numero 38. “Desplazados: Rostros anónimos de la guerra”. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Bogota, Colombia, 24 Noviembre del 2001.
CONSULTA PREMANENTE SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO EN LAS AMERICAS. Reunión Técnica, 1993.

Fundación Esperanza. “Desplazamiento Forzado”. Trata de Personas y Desplazamiento Forzado. Memo O CIA Ltda., Colombia, 2004.

Fundación Esperanza. “Resultados”. Trata de Personas y Desplazamiento Forzado. Memo O CIA Ltda., Colombia, 2004.

Fundación Esperanza. “Resultados”. Trata de Personas y Desplazamiento Forzado. Memo O CIA Ltda., Colombia, 2004.

GOMEZ, Jesús Orlando. Crímenes de lesa humanidad. Ediciones Doctrina y Ley, Bogota, 1998.

KALDOR, Mary. Las nuevas guerras. La violencia organizada en la era global. Kriterios Tusquets Editores, 2001.

Medios para la Paz. “Detrás del desplazamiento…”. Personas en situación de desplazamiento forzado, 2002.

ONU, Consejo Económico y Social, Comisiona de Derechos Humanos. Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos, 59 periódo de sesiones, 2003.

PECAUT, Daniel. Guerra contra la sociedad. Espasa, Bogota, 2001.
Tovar, Hermes. “Emigración y Éxodo en la historia de Colombia”, Migrations en Colombie, 2001.

Fundación Esperanza. “Resultados”. Trata de Personas y Desplazamiento Forzado. Memo O CIA Ltda., Colombia, 2004. Pp. 83.

Tovar, Hermes. “Emigración y Éxodo en la historia de Colombia”, Migrations en Colombie, 2001.

ONU, Consejo Económico y Social, Comisiona de Derechos Humanos. Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos, 59 periódo de sesiones, 2003.

GOMEZ, Jesús Orlando. Crímenes de lesa humanidad. Ediciones Doctrina y Ley, Bogota, 1998, Pp. 81.

KALDOR, Mary. Las nuevas guerras. La violencia organizada en la era global. Kriterios Tusquets Editores, 2001, 9.

PECAUT, Daniel. Guerra contra la sociedad. Espasa, Bogota, 2001, Pp.203.

Fundación Esperanza. “Desplazamiento Forzado”. Trata de Personas y Desplazamiento Forzado. Memo O CIA Ltda., Colombia, 2004. Pp. 23.

Ibid. Pp. 17.

Medios para la Paz. “Detrás del desplazamiento…”. Personas en situación de desplazamiento forzado.

“¿Qué es el desplazamiento forzado interno? ¿Cuál es la diferencia entre una persona en situación de desplazamiento, refugio o asilo? ¿Cuándo un desplazamiento es considerado masivo? “ Pp.1

Boletín Numero 38. “ Desplazados: Rostros anónimos de la guerra”. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Bogota, Colombia, 24 Noviembre del 2001.

CONSULTA PREMANENTE SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO EN LAS AMERICAS. Reunion Tecnica, 1993.

Fundación Esperanza. “Resultados”. Trata de Personas y Desplazamiento Forzado. Memo O CIA Ltda., Colombia, 2004. Pp. 83.

PALOMA VALENCIA LASERNA .::. Candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá D.C.
Sede Política: Calle 92 No 14 - 74 Bogotá D.C. Colombia ::: Teléfonos. (571) 2 361010 - 310 8 649895
Para mayor información comuniquese a los correos paloma@palomavalencia.org o laura@palomavalencia.org.